Primera parte
A partir del análisis de datos públicos y estados financieros auditados, he venido señalando en los últimos meses el deterioro financiero de varias empresas públicas. Lo hago convencido de que explicar con rigor lo que muestran los números no es un acto político ni un juicio de valor, sino un ejercicio de responsabilidad técnica y ciudadana. La transparencia financiera no debilita al Estado: lo fortalece.
En días recientes me referí específicamente a la situación de Seguros Reservas, no a la del Banco de Reservas, como se intentó instalar en algunos espacios digitales. Esa confusión —interesada o no— conviene despejarla desde el inicio: el Banco de Reservas, según sus estados financieros auditados, se mantiene financieramente saludable. Los problemas que describo corresponden exclusivamente a su empresa aseguradora, una entidad distinta y de mucho menor escala, que no representa riesgo para el grupo financiero ni para el sector asegurador.
Una aseguradora obtiene un resultado operativo positivo cuando las primas que cobra superan los costos y los gastos administrativos. Cuando ocurre lo contrario, se generan pérdidas operativas. Pues bien, desde 2022 la empresa presenta pérdidas operativas, lo que indica que es deficitaria en su actividad principal: el aseguramiento.
En 2019, la empresa registró una ganancia operativa de 50.3 millones de pesos. Por el contrario, en el período 2022-2024 la empresa ha tenido pérdidas operativas cada año, con montos que oscilan los 200-800 millones de pérdidas anuales, primera vez desde el año 2005 que la empresa registra tres años consecutivos de pérdidas operativas. Todo esto sin que el país haya enfrentado huracanes extraordinarios, terremotos o desastres naturales que expliquen ese deterioro.
También se ha registrado un deterioro en el índice de liquidez. Según datos oficiales de la Superintendencia de Seguros, mientras en 2021 este índice era de 2.1 —por encima del promedio del sector (1.8) y entre los más altos—, para 2024 bajó a 1.7, colocando a Seguros Reservas entre las empresas con menor liquidez. Me hubiese gustado comparar con 2019, pero este dato no está publicado en la Superintendencia de Seguros.
Sin embargo, el mayor problema está en el desglose de los ingresos. Al revisar las notas explicativas de los estados financieros auditados —donde suele estar la información más relevante—, en particular la nota 23 referida a “saldos y transacciones con entes relacionados”, se observa cuánto de los ingresos de la aseguradora proviene del propio grupo financiero y no del mercado.
Para mayor detalle, conviene observar lo ocurrido entre 2020 y 2021. Según las memorias institucionales, mientras en 2020 las primas pagadas desde el banco a la aseguradora fueron 303 millones de pesos, en 2021 subieron a 3,123 millones. Sería importante explicar cómo se multiplican por diez las primas entre entidades del mismo grupo financiero de un año al siguiente.
Este tipo de operaciones, cuando no están respaldadas por un aumento equivalente de siniestros, pueden funcionar en la práctica como mecanismos de transferencia interna para compensar déficits operativos. A ello se suma que en 2024 estas operaciones generaron 192 millones de pesos en comisiones, un aspecto que amerita atención tratándose de transacciones dentro del mismo grupo financiero.
Otro caso relevante es la contratación de un seguro estudiantil por parte del Ministerio de Educación en 2023, que generó ingresos superiores a 540 millones de pesos anuales para Seguros Reservas. Llama la atención el bajo nivel de conocimiento y uso efectivo de dicho seguro por parte de estudiantes, padres y docentes. Técnicamente, un producto con primas altas y sin reclamaciones plantea interrogantes sobre su función real, pues en tal caso no sería un seguro, sino una transferencia.
Por cierto, cabe esperar que en esa contratación no haya intermediado un corredor y que el gobierno no haya tenido que pagar comisiones por una transacción entre entidades del mismo Estado.
Si se excluyen estas primas sin siniestros significativos, el déficit acumulado de la aseguradora sería de varios miles de millones de pesos, un escenario que en otros contextos habría motivado una intervención temprana del órgano supervisor o una auditoría técnica especializada. Sin embargo, lejos de eso, se celebraron utilidades agregadas sin una discusión profunda sobre su origen.
A esto se suma el contrato de reaseguro entre SENASA y Seguros Reservas para enfermedades catastróficas, pese a que esta última no es una empresa de reaseguro ni cuenta con estructura para ello, un detalle que merece aclaración institucional.
Ante esta situación, es importante que la empresa explique al país qué montos recibió Seguros Reservas de SENASA por este esquema de reaseguro, para el cual no tiene facultad regulatoria. Y, consiguientemente, cuánto pagó Seguros Reservas a SENASA como reasegurador para cubrir las enfermedades catastróficas comprometidas.
En respuesta a mis observaciones, los ejecutivos de Seguros Reservas me invitaron en rueda de prensa a comentar los resultados de 2025 y los indicadores del presente año. Pero deben recordar que 2025 no ha concluido, por lo que aún no existen estados financieros auditados ni informes de la Superintendencia de Seguros que puedan ser examinados. Una vez publicados, los analizaré con el rigor técnico que me caracteriza, y ojalá toque reconocer mejoras, porque una aseguradora pública sana es un activo para el país.
Lamento que este análisis haya generado reacciones defensivas y campañas costosas, pero no lamento haber puesto los datos sobre la mesa. En democracia, las empresas públicas deben rendir cuentas, y la rendición de cuentas comienza por permitir que los números se discutan con seriedad y sin descalificaciones.
La experiencia reciente de SENASA muestra un patrón preocupante por parte del gobierno: primero se niega el problema, luego se atribuye a “politiquería”, y finalmente se intenta desacreditar al mensajero. Mientras tanto, se gasta más en campañas de ataque que en corregir las fallas de fondo.
En este punto, conviene resaltar algo esencial: la transparencia no es intolerancia; es la condición básica de la institucionalidad, pues quien maneja fondos públicos administra recursos de otros; por eso debe rendir cuentas sin ofenderse. Si alguien se molesta porque lo auditen, lo que le molesta no es la crítica, es el control.
Por mi parte, seguiré haciendo lo que me corresponde: analizar los datos públicos con rigor y explicarlos con respeto. Porque el silencio puede ser cómodo, pero no construye instituciones sólidas. Y frente a campañas, discursos o anuncios, hay algo más fuerte, más barato y más duradero: la verdad de los números.
