Por Roberto Rosario
Se ha filtrado en la opinión pública, que supuestamente el Canciller de la República Dominicana, estaría gestionando, regularizar la adhesión del país a dicha Corte .
Ante tal despropósito, me veo compelido a informar al país de situaciones vividas en esa entidad en ocasión de una visita de Estado, de una delegación de RD , que se llevó a cabo con posterioridad a la emisión por el Tribunal Constitucional de la sentencia # 168-13.
El presidente de la República, a la sazón Danilo Medina , integró una comisión del Estado dominicano, para que hiciera un periplo explicando el contenido, alcance y motivaciónes de la referida sentencia. La comisión estuvo integrada por el Ministro de Interior y Policía José Ramon Fadul ( Monchy ) , el consultor Jurídico de la Presidencia César Pina Toribio y el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, se me solicitó que integrara la misma en condición de Presidente de la JCE .
La visita sería a una Comisión de la Casa Blanca en EEUU , una Comisión del Congreso de los Estados Unidos, a la cancillería Venezolana, una comisión en la República de Cuba y a la CIDH.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nos recibió en su salón de sesiones en Washington, y luego de escuchar la presentación de manera escueta, respondió afirmando “que la República Dominicana estaba OBLIGADA a cambiar el texto de su constitución y adaptarlo a la normativa y texto de las decisiones y visiones de esa Corte, en cuanto a la definición de los derechos de acceso a la ciudadanía” de nuestro país.
Esta afirmación de la CIDH dio lugar a una respuesta muy firme del Dr César Pina , advirtiéndole que la RD era un país soberano y que ningún organismo extranjero tenía derecho a dictar cuáles eran nuestras normas sustantivas.
La propuesta de dicha CORTE, en lo inmediato fue definida por el Dr Pina Toribio, como “un acto de injerencia de esa institución en los asuntos internos de RD, un acto grosero que desbordaba su competencia, dando por concluida de inmediato la reunión por la osada afrenta” .
Por tal razón, y la existencia de ese nefasto precedente histórico, cualquier persona , funcionario o representante del gobierno dominicano, que proponga la adhesión de la RD a ese organismo, debe ser denunciado y evidenciado como enemigo de la patria de Duarte, Sánchez y Mella.
