El delegado político de la Fuerza del Pueblo, Javier Ubiera, afirmó este martes en el Congreso Nacional que el proceso relacionado con el exrector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz, responde principalmente a contiendas políticas internas, más que a una evaluación objetiva de los hechos señalados.
Señalamientos sobre motivaciones políticas
Ubiera sostuvo que, desde su perspectiva, el caso ha sido manejado con rapidez y sin la debida ponderación, lo que a su juicio refuerza la percepción de que existen intereses internos por el cargo. “Desde mi punto de vista, ahí lo que hay son contiendas políticas internas”, expresó.
- El dirigente advirtió que este tipo de situaciones afecta la credibilidad de la nueva generación de dirigentes políticos y debilita la confianza ciudadana. “Es un tema que lacera a las generaciones, porque se puede perder la confianza en los jóvenes que participan en la vida pública”, señaló.
Ubiera cuestionó que se presenten como irregularidades la adquisición de bienes mediante financiamiento, al considerar que se trata de prácticas comunes.
“Decir que porque una persona haya adquirido un inmueble o un vehículo financiado eso es desproporcionado no es correcto”, afirmó.
Asimismo, indicó que la compra de una propiedad valorada en alrededor de ocho millones de pesos o de un vehículo de los años 2020 o 2022 no constituye, por sí sola, una falta administrativa o legal. “Eso es algo normal que hace cualquier ciudadano que trabaja”, puntualizó.
Diferencia entre señalamientos y faltas reales
- No obstante, el delegado político reconoció que existen elementos del caso que sí ameritan una investigación responsable, particularmente lo relacionado con cobros a personas vinculadas al ITLA. “Ese aspecto sí es incorrecto y va en contra de la ley”, admitió.
Hubiera sostuvo que ese componente debió ser analizado con mayor precisión antes de generalizar señalamientos que, a su juicio, pueden resultar injustos. “Ahí el proceso debió manejarse de forma más atenta y equilibrada”, añadió.
El dirigente reiteró que los jóvenes en la función pública deben actuar con mayor rigor ético para responder a la confianza depositada por la ciudadanía. “La gente espera que seamos un verdadero cambio”, manifestó.
Finalmente, insistió en que solo los hechos debidamente comprobados deben ser sancionados y que los procesos no deben verse contaminados por intereses políticos internos, ya que esto debilita la institucionalidad y la percepción de justicia.
