El exjefe de la oficina local de la DEA arrestado en Estados Unidos por cargos federales de fraude de visas y sobornos es dominicano y había sido condecorado por el Gobierno dominicano apenas meses antes de su detención.
Se trata de Melitón Cordero, de 47 años, nacido en San Francisco de Macorís, quien se convirtió en el primer dominicano en dirigir la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana, cargo que ocupó durante seis años. Su arresto se produjo el pasado 12 de febrero en Washington D. C., según confirmaron autoridades federales estadounidenses.
El caso adquiere especial relevancia porque el 11 de septiembre de 2024, el presidente Luis Abinader le otorgó la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero, mediante el decreto 520-24. En ese reconocimiento oficial, el Estado dominicano destacó su desempeño en la lucha contra el narcotráfico y su ascenso como un hito para el país.
De forma extraoficial, se informó que el decreto habría sido dejado sin efecto tras conocerse su arresto, aunque hasta el momento no se ha emitido una comunicación oficial al respecto.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia, Cordero habría utilizado su posición de confianza para agilizar trámites migratorios de manera irregular, recibiendo miles de dólares en efectivo a cambio de facilitar visas de no inmigrante. Los documentos judiciales indican que habría tramitado al menos 119 solicitudes de visa durante su asignación en República Dominicana.
Las autoridades estadounidenses también investigan el presunto uso indebido de un programa reservado para informantes confidenciales, que permite el ingreso temporal a Estados Unidos de personas que colaboran con agencias de seguridad, y que habría sido manipulado con fines lucrativos.
Tras el arresto, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, ordenó el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo y calificó el caso como una “violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública”.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, confirmó la reubicación del personal asignado al país y afirmó que las acusaciones contra Cordero no representan al resto de los funcionarios de la agencia.
Por su parte, el canciller dominicano Roberto Álvarez indicó que se trata de una investigación interna de las autoridades estadounidenses y aseguró que no hay señalamientos contra funcionarios del Gobierno dominicano.
El proceso judicial continúa en Estados Unidos, mientras el caso genera repercusión tanto por la gravedad de las acusaciones como por el hecho de que el imputado fue reconocido oficialmente por el Estado dominicano antes de enfrentar cargos federales.
