Durante la continuación de la audiencia preliminar, el Ministerio Público ha demostrado con suficientes pruebas las maniobras fraudulentas que utilizaron los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes para sustraer dinero de forma fácil y rápida del Estado.
Así lo planteó este miércoles la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a los periodistas que la abordaron a la salida del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
“En la tarde de hoy hemos demostrado, con pruebas del Ministerio Público, cómo desde el Ministerio de Hacienda el grupo de funcionarios dirigidos por Donald (Guerrero) pagó a personas que habían fallecido, pagaron a personas que no tenían calidad”, indicó.
Agregó que los procesados pagaron fondos del Estado, en interés de sustraerlos, a una estructura que en parte estaba dirigida por el abogado Ángel Lockward, con un sobreprecio de más del 65% de lo que supuestamente se les adeudaba a supuestos acreedores.
“De ahí la pregunta que lanzó el Ministerio Público, ¿quién que se crea merecedor de un derecho dona a quienes no han hecho nada más del 65% de lo que se cree suyo?, es evidente que lo único que esta estructura procuraba era obtener dinero fácil”, dijo.
Con relación a preguntas sobre declaraciones de la defensa del procesado Gonzalo Castillo, advirtió “que como sucedió en la tarde de hoy, desmontaremos todos y cada uno de las falsedades que han querido montar las defensas en sus argumentos”.
“Lo primero es que a Gonzalo Castillo que no coma ansias, porque no hemos llegado a replicarle a Gonzalo Castillo; entonces no sabemos sobre lo que él puede declarar el día de hoy, porque contra él, todavía no hemos producido nuestras réplicas, eso pasará el próximo miércoles, cuando nos veamos en esta audiencia, entonces a partir de ahí, sucederá exactamente lo que ha sucedido en la tarde de hoy: desmontaremos todos y cada uno de las falsedades que han querido montar las defensas en sus argumentos”, dijo.
Los procesados integraban una estructura que desvió más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
Mirna Ortiz representó al Ministerio Público junto a los fiscales Rosa Alba García, Miguel Crucey, Elvira Rodríguez, Jhensy Víctor, Melbin Romero, Miguel Collado y Arolin Lemos, quienes continúan con su réplica.
La jueza Altagracia Ramírez aplazó la audiencia para el próximo 25 de febrero de 2026.
El proceso por corrupción
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
En este expediente, el Ministerio Público acusa a los exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y Obras Públicas, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta. También al abogado Ángel Lockward, y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
