El discurso se audita, no se aplaude

Por Daniel Toribio
En una democracia que funciona, la rendición de cuentas no termina cuando el presidente baja del podio. Ahí empieza el trabajo serio: verificar. Los medios y las academias en países desarrollados hacen una comprobación de afirmaciones, las contrastan con datos públicos y publican un veredicto simple. Es control ciudadano.
El método es sencillo y exige disciplina. Se toma cada frase que contenga un número, una tasa, una comparación o una promesa medible y se copia textual. Se define con precisión qué indicador se está usando, a qué período corresponde y con qué cobertura institucional. Luego se va a la fuente primaria, no a un resumen. Con eso en la mano se emite un dictamen breve: es verdadero, engañoso por contexto, no verificable o falso.
La razón es la siguiente: la manipulación más frecuente no es inventar un dato. Es escoger el referente que conviene. Un número puede ser correcto y, aun así, conducir a una conclusión exagerada por lo que se omite o por la comparación elegida.
El ejemplo más claro está en la deuda. El presidente afirmó que “la deuda pública consolidada se situó en 58.5% del PIB, manteniendo la trayectoria descendente respecto al 69.1% de diciembre de 2020”. La cifra puede ser cierta. El encuadre es el problema. El 2020 fue un pico anómalo por la pandemia: se contrajo el PIB, aumentó el gasto extraordinario y la relación deuda-PIB saltó. Comparar contra ese año convierte la corrección postpandemia en una “tendencia descendente” permanente.
Si el país compara con 2019, antes del choque, la lectura cambia. La deuda consolidada era 53.46% del PIB en ese año y en 2025 está en 58.5%. No bajó: subió cerca de cinco puntos porcentuales. Y los propios datos de la Dirección General de Crédito Público muestran que, si se mira el Sector Público No Financiero (SPNF), la trayectoria reciente volvió a inclinarse al alza: 45.4% del PIB en 2023, 46.3% en 2024 y 47.9% en 2025. En dólares, esas mismas series confirman que la deuda pasó de US$57,587 millones en diciembre de 2024 a US$61,549 millones en diciembre de 2025: un aumento de US$3,962 millones en un año.
La misma disciplina aplica a las obras, a educación, salud y empleo. Se anuncian escuelas, aulas, hospitales y presupuesto, pero se omite la calidad del aprendizaje y la subejecución. Se celebra el empleo, pero se minimiza la subutilización y el peso del Estado en la creación de formalidad.
Auditar el discurso, sea del oficialismo o de la oposición, no debilita la democracia. La fortalece. Obliga a la precisión, castiga la exageración y crea memoria pública con números, no con relatos. Es hora de que periodistas, académicos y ciudadanos asumamos esta tarea como una práctica cívica indispensable.
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