El Ministerio Público solicitó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar auto de apertura a juicio en contra del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; de José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de la empresa Aurix; y otros implicados en el caso Camaleón.
La titular de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó a la jueza Yanibet Rivas, enviar al grupo a juicio de fondo para que allí respondan por los hechos que se le imputan.
Afirmó que el Ministerio Público cuenta con elementos de prueba contundentes y conformes a derecho, suficientes para que el proceso avance a la siguiente etapa procesal.
Asimismo, la magistrada Ortiz, al leer la acusación formal, solicitó al tribunal el mantenimiento de medidas de coerción en contra de los imputados para asegurar su presencia en el proceso.
De igual forma, solicitó la imposición de impedimento de salida del país contra los imputados Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, bajo las disposiciones del Código Procesal Penal.
Argumentos del Ministerio Público
La magistrada Ortiz advirtió que el peligro de fuga es latente y que la situación jurídica de los procesados se ha agravado ante la contundencia de la acusación.
«Solicitamos que sean acreditados todos y cada uno de los elementos de prueba presentados en nuestro escrito de acusación, por haber sido obtenidos en cumplimiento estricto de la normativa legal», puntualizó Ortiz ante la jueza Rivas.
El Ministerio Público sostiene que las pruebas presentadas no solo son legales, sino que poseen la fuerza necesaria para lograr condenas en un futuro juicio de fondo, evitando que los señalados puedan sustraerse de la acción de la justicia.
En el caso figuran como acusados el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de la empresa Aurix.
También Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; y Carlos José Peguero Vargas y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas señaladas en el expediente son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
De acuerdo con la investigación, las irregularidades se ejecutaron principalmente a través del Intrant y del Ministerio de Defensa, mediante contratos y convenios irregulares con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., que habrían recibido acceso privilegiado a fondos públicos para operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El eje central del entramado criminal, según la acusación, sería José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.
Bajo su dirección, estas entidades habrían conformado una red delictiva dedicada a la estafa al Estado, el lavado de activos y el sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del país.
