El Examen Nacional Único de Residencias Médicas, principal vía para acceder a una especialidad en la República Dominicana, vuelve a estar bajo cuestionamiento tras el programa N Investiga divulgar conversaciones, audios y publicaciones que evidenciarían la venta de la prueba antes de su aplicación. Se trata de un proceso que, en teoría, debe basarse exclusivamente en el mérito académico, pero que ahora enfrenta serias dudas sobre su transparencia.
Este examen, que se aplica el primer domingo de marzo de cada año, es coordinado por múltiples instituciones, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Miles de médicos compiten por poco más de mil plazas en distintas especialidades, en una prueba de 100 preguntas que define gran parte de su futuro profesional.
Sin embargo, denuncias recientes apuntan a que algunos aspirantes habrían obtenido acceso anticipado al contenido o incluso pagado para asegurar calificaciones elevadas. Publicaciones en redes sociales y testimonios recogidos señalan montos que oscilan entre RD$85 mil y RD$250 mil, dependiendo del supuesto nivel de “garantía” ofrecido.
De acuerdo con estas versiones, existirían al menos dos modalidades: la entrega previa de respuestas y la manipulación directa de la hoja de resultados. En este último caso, se prepararía una segunda hoja con las respuestas correctas que luego sería sustituida, asegurando puntuaciones superiores a 90 puntos, independientemente del desempeño real del aspirante.
Audios obtenidos en el marco de la investigación hecha por el programa N Investiga refuerzan estas denuncias. En uno de ellos, un presunto intermediario detalla el proceso de pago y asegura resultados de entre 90 y 94 puntos. También se verificó, mediante contacto directo, que personas estarían ofreciendo el examen con facilidades de pago e incluso descuentos por grupos.
Aunque estas prácticas no son nuevas, el volumen de evidencias y la cantidad de testimonios sugieren una posible expansión del problema. Médicos que afirman haber estudiado durante meses denuncian desventajas frente a quienes habrían comprado el examen, mientras otros aseguran que se trata de un secreto a voces dentro del sector.
El historial del proceso también incluye antecedentes de irregularidades. En 2020, la UASD detectó intentos de fraude con dispositivos electrónicos, mientras que en años anteriores se denunciaron filtraciones y circulación de contenido en redes sociales. Incluso en 2021, un médico denunció la existencia de una supuesta red que operaba con apoyo interno para vender tanto el examen como plazas de residencias.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Colegio Médico Dominicano (CMD) asegura no haber recibido denuncias formales recientes. Su presidente, Luis Peña Núñez, reconoce que las sospechas han existido durante años, pero insiste en que deben canalizarse a través de las instancias correspondientes para que puedan ser investigadas.
“Eso no es nuevo, pero a medida que el tiempo avanza, las denuncias han ido cayendo. Años atrás, se hacían muchas denuncias y el colegio las recibía. Además, no es el colegio que debe de denunciar, hay que denunciar a la universidad, que es la que otorga el examen. Pero aquí hay mucho rigor con, con la seguridad del examen. dudas aumentan al observar los resultados más recientes” afirmó el presidente del CMD.
En 2026, más del 50 % de los aspirantes aprobó el examen, una cifra significativamente superior a años anteriores, cuando los porcentajes oscilaron entre el 14 % y el 41 %. Este incremento ha despertado cuestionamientos sobre la integridad del proceso.
Mientras tanto, también se han presentado impugnaciones por parte de médicos que señalan ambigüedades en algunas preguntas, lo que añade otra capa de controversia sobre la calidad y objetividad de la evaluación. A esto se suma el silencio de algunas autoridades responsables, que han declinado ofrecer declaraciones directas a la prensa.
El proceso de selección aún no concluye, ya que el examen representa el 70 % de la calificación final, complementado por el historial académico y entrevistas hospitalarias. Sin embargo, las denuncias actuales reabren un debate de fondo: la necesidad de garantizar un sistema transparente y seguro en la formación de especialistas.
Mientras, una médico general comentó en redes sociales: “Mi amiga dio 250 mil en un grupito de 4. Entre todos reunieron un melón. Pero tienen su 90, 94, 96 y 92 respectivamente. Y van para ortopedia, dermato y dos para otorrino”.
Otra médico general escribió en Instagram: “¿Por qué critican? Si esos mismos quieren saber dónde lo venden para ir a comprarlo. El dolor no es porque lo hayamos comprado y nos haya ido bien, el dolor de ustedes es que no tienen las conexiones para hacerlo ni tienen dinero ni se ponen a pasar páginas para poder pasar”.
El 16 de marzo, 7 médicos generales que tomaron el examen enviaron una comunicación al director de la Oficina de Residencias Médicas de la UASD, el doctor José Cueva Ramírez, solicitando la impugnación de varias preguntas: “Hemos identificado inconsistencias significativas que comprometen la objetividad del proceso evaluativo, específicamente preguntas ambiguas: carecen de la claridad necesaria, generando confusión e interpretaciones múltiples entre los candidatos y respuestas no excluyentes: donde las opciones de respuesta no son mutuamente excluyentes o no se corresponden con la evidencia científica actualizada, según la bibliografía actualizada”.
Adjuntaron un documento con un análisis detallado de unas 10 preguntas, incluyendo la numero 73. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas es más habitual en neumonía? A) fiebre, B) tos, C) cianosis Y D) taquipnea. Esta última fue la considerada correcta. Sin embargo, Los médicos que impugnan alegan que “al no precisar la edad y el grupo etario que cambian por completo la forma en que se manifiesta la neumonía, no se puede generalizar un solo síntoma principal porque el cuerpo de un bebé no reacciona igual que el de un adulto”.
Ante la gravedad de estas nuevas denuncias y la contundencia de las evidencias, el programa N Investiga solicitó una posición oficial a las autoridades responsables del proceso: al doctor Mario Uffre, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD, y no dio respuestas. De igual modo, se contactó vía telefónica al director de la Oficina de Residencias Medicas de esa universidad, el doctor José Cuevas, y esta fue su escueta su respuesta: “Diríjase al Consejo Nacional de Residencias Médicas. Generalmente, no abordo esos temas con la prensa porque para eso hay un organismo que es el encargado de ofrecer las informaciones al respecto. No tengo por qué ofrecer informaciones de manera unilateral y menos a la prensa”. El programa solicitó formalmente una entrevista con el presidente del Consejo Nacional de Residencias Médicas, adscrito a Salud Pública, el doctor Ylario Reyes Pérez y aún está en espera de respuesta.
Más allá de lo académico, el impacto es potencialmente crítico. Quienes hoy acceden a una residencia serán los médicos especialistas del futuro. Si el proceso que los selecciona está comprometido, no solo se afecta la equidad entre profesionales, sino también la confianza en el sistema de salud. La interrogante permanece abierta: ¿se trata de casos aislados o de una práctica que sigue operando bajo la sombra?
