Santo Domingo.- En el corazón de Gazcue, específicamente en las inmediaciones de la avenida Francia, Calle Rosa Duarte próximo al Laboratorio Referencia, Contraria General de la República, periódico Nuevo Diario y otras zonas donde funcionan importantes instituciones, se vive una realidad incómoda, abusiva y cada vez más peligrosa: parqueadores informales parecen haber ganado terreno ante la mirada pasiva de las autoridades llamadas a imponer el orden.
Empleados públicos y privados se ven prácticamente obligados a pagar entre RD$2,500 a RD$3,000 pesos mensuales para poder estacionar sus vehículos en espacios públicos, no porque exista un servicio formal, regulado o autorizado, sino por temor a represalias, daños materiales y amenazas de quienes se han adueñado de las calles.
La situación coloca a los trabajadores entre la espada y la pared. Por un lado, miembros de la DIGESETT les indican dónde no pueden estacionarse y realizan operativos que terminan con vehículos remolcados y multas. Pero, por otro lado, los parqueadores informales continúan operando libremente, colocando tanques de basura, bloques, obstáculos y cualquier objeto que les permita “reservar” espacios públicos para luego cobrar por ellos.
Lo más preocupante es que muchos empleados aseguran que, cuando se niegan a pagar, sus vehículos aparecen rayados, con retrovisores rotos o con algún tipo de daño. Esa realidad ha provocado que numerosos trabajadores, especialmente mujeres, cedan ante la presión para evitar conflictos o exponerse a discusiones con personas que actúan con bravuconadas e intimidación, y que aparentan no tener nada que perder.
La pregunta es obligatoria: ¿qué deben hacer los empleados que no tienen dinero para pagar un parqueo informal? ¿Enfrentarse a golpes con los parqueadores? ¿Someterlos individualmente a la justicia? ¿O resignarse a que les destruyan sus vehículos por falta de autoridad?
El problema no se resuelve únicamente enviando grúas a llevarse vehículos de ciudadanos que también son víctimas del desorden. El verdadero reto es más profundo: crear reglas claras, garantizar la convivencia, ordenar los espacios públicos y erradicar el control ilegal que ejercen los parqueadores informales en zonas donde debería prevalecer la autoridad institucional.
En ocasiones anteriores, según denuncias, las autoridades han retirado vehículos estacionados, han impuesto multas y han aplicado sanciones a los propietarios, pero han dejado intacto el problema principal: los parqueadores informales siguen allí, operando de manera impune, como si fueran dueños de las calles.
Ese no puede ser el propósito. No se trata de perseguir al trabajador que busca dónde dejar su vehículo para cumplir con su jornada laboral. Se trata de enfrentar el desorden desde la raíz. Si la DIGESETT, el INTRANT, la Alcaldía del Distrito Nacional y la Policía Nacional actúan solo contra los conductores y no contra quienes ocupan, controlan y comercializan de forma irregular los espacios públicos, entonces la batalla contra el caos urbano está perdida.
La autoridad no puede ser selectiva. Si se exige al ciudadano respetar las normas de tránsito y estacionamiento, también debe exigirse a los parqueadores informales respetar la ley. Nadie puede colocar obstáculos en la vía pública, intimidar empleados, cobrar por espacios que no le pertenecen ni actuar como dueño de una calle que es de todos.
Gazcue necesita orden, pero un orden justo. Un orden que no castigue únicamente al empleado que trabaja, sino que enfrente a quienes ha convertido la necesidad de estacionarse en un negocio irregular basado en presión, miedo y falta de consecuencias.
La Alcaldía del Distrito Nacional, DIGESETT, INTRANT y la Policía Nacional tienen la responsabilidad de intervenir de manera seria, coordinada y permanente. No basta con operativos aislados ni con grúas que aparecen de vez en cuando. Se requiere vigilancia real, retiro de obstáculos, identificación de quienes controlan esos espacios, sanciones efectivas y una política de estacionamiento que tome en cuenta la realidad de cientos de empleados que diariamente acuden a sus trabajos.
Mientras eso no ocurra, los parqueadores informales seguirán imponiendo sus propias reglas, los empleados seguirán pagando por miedo y las autoridades seguirán dando la impresión de que perdieron la batalla en una zona donde el orden público debería estar garantizado.
Porque al final, el mensaje debe ser claro: las calles no son propiedad de los parqueadores informales, los trabajadores no pueden seguir siendo víctimas y la autoridad no puede limitarse a remolcar vehículos mientras permite que el verdadero desorden siga operando con total impunidad.
Recientemente, el programa “Parquéate Bien” llevó una esperanza y fue bien visto por muchos ciudadanos en sectores como Naco, Piantini, Paraíso y Serrallés, con el propósito de mejorar la movilidad y organizar el tránsito en zonas de alta congestión. Entendemos que se trata de un plan gradual y de un excelente proyecto, pero para que tenga resultados reales requiere continuidad, seguimiento y un esfuerzo integral. No basta con retirar vehículos mal estacionados; también es necesario establecer un verdadero régimen de consecuencias contra los parqueadores informales que ocupan espacios públicos, intimidan a los conductores y convierten la necesidad de estacionarse en un negocio irregular
