Santo Domingo, DN.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó este martes al Gobierno del PRM de utilizar leyes especiales para flexibilizar los controles en la contratación de grandes proyectos de infraestructura pública, creando un modelo que, afirmó, ha convertido “la excepción en regla” dentro del sistema de contrataciones del Estado.
La posición oficial fue presentada durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura por el secretario de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo, ingeniero Mariano Germán, quien denunció que en el país opera un “régimen paralelo de contratación” que desplaza los mecanismos ordinarios de fiscalización y transparencia establecidos en la legislación dominicana.
“El país está frente a una peligrosa práctica donde la excepción se convierte en regla”, expresó Mariano Germán, tras advertir que las modificaciones legales impulsadas por el oficialismo han permitido crear mecanismos de contratación cada vez más flexibles para proyectos de alto impacto político y económico.
El dirigente político afirmó que mientras el Gobierno promueve una Ley de Contrataciones Públicas con mayores estándares institucionales, controles electrónicos y exigencias administrativas para los procesos ordinarios, paralelamente impulsa leyes transitorias y especiales que debilitan esos mismos controles cuando se trata de obras millonarias.
Mariano Germán recordó que la República Dominicana construyó durante años un sistema de contrataciones públicas basado en principios de transparencia, publicidad, competencia, eficiencia administrativa y control del gasto público, elementos que fortalecieron el régimen institucional de supervisión de las inversiones estatales.
Sin embargo, sostuvo que durante los últimos años comenzaron a consolidarse mecanismos especiales que terminaron creando vías excepcionales para ejecutar grandes proyectos fuera del esquema ordinario de control.
El secretario de Obras Públicas de la FP explicó que originalmente las leyes especiales surgieron para destrabar obras paralizadas por situaciones excepcionales derivadas de la pandemia y del aumento de costos en proyectos previamente adjudicados.
No obstante, afirmó que posteriormente esos mecanismos fueron ampliados para incorporar nuevas obras viales, proyectos habitacionales, infraestructuras hidráulicas y otras construcciones de elevado impacto fiscal.
“El problema ya no es una excepción temporal. El problema es la expansión progresiva de un mecanismo extraordinario que ahora se utiliza como práctica recurrente del Estado”, expresó.
Mariano Germán denunció que la incorporación continua de proyectos estratégicos a regímenes especiales reduce la trazabilidad de los contratos públicos, limita la transparencia y debilita la confianza ciudadana sobre el uso de los recursos estatales.
“Cada vez que la ley general se convierte en un obstáculo para determinados intereses políticos y económicos, entonces se fabrica una nueva excepción”, manifestó.
El dirigente opositor afirmó que las modificaciones legislativas han ido extendiendo el alcance y la duración de esos regímenes especiales, permitiendo que obras inicialmente concebidas bajo condiciones excepcionales continúen ejecutándose durante años fuera de los controles ordinarios establecidos por la Ley de Contrataciones Públicas.
Otro aspecto cuestionado por Germán fueron las nuevas iniciativas legislativas dirigidas a incorporar más proyectos de infraestructura vial dentro de esas disposiciones especiales.
“El objetivo de estas modificaciones es claro: acogerse a un régimen más flexible y menos riguroso en materia de controles y rendición de cuentas”, expresó Germán.
Mariano Germán aseguró que este modelo termina desplazando el control ciudadano y debilitando principios fundamentales como la igualdad entre oferentes, la publicidad y la libre competencia en las contrataciones públicas.
También criticó que el Congreso Nacional sea utilizado para validar incrementos presupuestarios y modificaciones contractuales derivados de obras adjudicadas originalmente con deficiencias de planificación, presupuestos insuficientes o estudios técnicos incompletos.
“La práctica ha sido siempre la misma: se contrata una obra con presupuesto insuficiente, luego se paraliza, se producen aumentos, se supera el límite permitido y finalmente se acude al Congreso para aprobar una nueva ley especial”, afirmó.
El secretario de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo sostuvo que esa dinámica ha provocado un “desmantelamiento progresivo” del régimen ordinario de contrataciones públicas y una pérdida de fortaleza institucional en materia de fiscalización del gasto estatal.
Además, afirmó que el uso reiterado de leyes transitorias envía el mensaje de que no existen consecuencias reales frente a errores de planificación, incumplimientos técnicos o aumentos extraordinarios de costos en grandes proyectos públicos.
“Esto convierte al Congreso en un ente de validación de lo mal hecho y no en un verdadero órgano de control”, señaló.
En ese sentido, Mariano Germán informó que la Fuerza del Pueblo solicitó formalmente a la Cámara de Diputados no aprobar la nueva modificación a las leyes 118-21 y 83-24 hasta realizar una evaluación integral de los efectos fiscales, contractuales e institucionales derivados de la aplicación de esos regímenes especiales.
Asimismo, explicó que la organización propuso que las instituciones responsables de las obras incorporadas a esas disposiciones publiquen y depositen ante el Congreso Nacional un inventario consolidado que incluya contratos originales, estudios técnicos, presupuestos actualizados, cronogramas, adendas, fuentes de financiamiento y justificaciones de las modificaciones realizadas.
De igual manera, indicó que la FP plantea que toda nueva obra pública estratégica sea sometida, como regla general, al régimen ordinario establecido en la Ley 47-25, salvo situaciones excepcionales reales, limitadas en tiempo y sujetas a controles reforzados.
Mariano Germán también planteó la necesidad de abrir un debate técnico, jurídico e institucional sobre la validez constitucional de las sucesivas leyes transitorias utilizadas para ampliar esos mecanismos especiales de contratación pública.
El dirigente político insistió en que la posición de la Fuerza del Pueblo no busca paralizar obras ni impedir el desarrollo de infraestructura pública, sino garantizar el uso racional de los recursos del Estado y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
“La transparencia no es un obstáculo para el desarrollo. La transparencia es la garantía de que el desarrollo se haga respetando la ley, la eficiencia y el patrimonio público”, concluyó.
