Santo Domingo.– Con el propósito de impulsar un espacio de reflexión, articulación y formulación de propuestas sobre las adicciones y la salud mental, el Defensor del Pueblo celebró el simposio “Adicción y Estado: salud mental, comunidad y respuesta pública en la República Dominicana”.
La actividad reunió a especialistas, representantes de instituciones públicas, académicos, organizaciones comunitarias y actores sociales para analizar uno de los principales desafíos de salud pública que enfrenta el país y promover respuestas integrales desde el Estado y la sociedad.
Durante el encuentro se desarrollaron paneles y conversatorios con representantes del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Nacional de Drogas (CND), así como con la exjueza puertorriqueña María del Carmen Berríos Flores y la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quienes abordaron temas relacionados con la reinserción social de personas con problemas de adicción.
Al encabezar la actividad, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó que el foro permitió examinar la problemática desde distintas perspectivas para construir una respuesta pública sustentada en los derechos humanos, la evidencia científica y el bien común.
Ulloa recordó que el estudio “Mentes sanas y políticas enfermas”, realizado por la institución, evidenció las deficiencias existentes en la cobertura de salud mental en el país y reiteró la necesidad de fortalecer los servicios en todos los niveles de atención bajo un modelo comunitario e integral.
Asimismo, planteó la creación de una mesa nacional de seguimiento sobre salud mental, adicciones y derechos fundamentales, además de una ruta de inspección y supervisión para centros de rehabilitación, protocolos mínimos con enfoque de derechos humanos y mecanismos de orientación y seguimiento desde el Defensor del Pueblo.
“El debate sobre las adicciones y la salud mental es también un asunto constitucional, porque involucra derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad, la protección de la salud y el respeto a la persona”, expresó el funcionario.
Ulloa advirtió que situaciones relacionadas con internamientos irregulares, denuncias de maltrato, abandono institucional o ausencia de respuestas efectivas constituyen desafíos que deben ser enfrentados desde una visión de Estado comprometida con la protección de los derechos ciudadanos.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu, resaltó los esfuerzos que realiza el Gobierno para fortalecer las políticas de salud mental y prevención de las adicciones.
“Tenemos que trabajar en la familia, en la escuela y en la comunidad para reconstruir el tejido de la convivencia cotidiana”, manifestó Abreu durante su ponencia sobre la responsabilidad del Estado y el papel de la comunidad frente a las adicciones.
Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas públicas, ampliar la cobertura de los servicios especializados y promover estrategias de prevención, atención y rehabilitación que permitan ofrecer respuestas más efectivas a las personas afectadas por problemas de salud mental y consumo de sustancias.
El simposio concluyó con un intercambio de propuestas orientadas a construir una agenda nacional más inclusiva, humana y efectiva para abordar uno de los retos sociales y sanitarios más complejos de la actualidad.
