Santo Domingo. El reciente operativo de fiscalización realizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con organismos de seguridad del Estado, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las paradas de motoconchos que operan en todo el país.
La intervención de las autoridades evidenció diversas irregularidades relacionadas con la documentación de conductores y motocicletas, así como la presencia de personas que ejercían la actividad sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
En la República Dominicana circulan más de 3 millones 500 mil motocicletas, convirtiendo al motoconcho en uno de los principales medios de transporte para miles de ciudadanos. Sin embargo, expertos y representantes del sector consideran que la falta de regulación efectiva continúa representando un desafío para la seguridad vial y ciudadana.
Un veterano motoconchista de Santo Domingo Oeste, que pidió reserva de su identidad, afirmó que durante las noches y madrugadas muchas paradas quedan fuera de control, permitiendo la operación de personas que no forman parte de las organizaciones establecidas. Según su versión, las debilidades en la supervisión facilitan que algunos individuos utilicen esta actividad como fachada para cometer actos ilícitos.
Durante el operativo, las autoridades detuvieron a varios ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular que realizaban labores de motoconcho sin contar con la documentación requerida, incluyendo permisos migratorios, licencias de conducir y documentos de las motocicletas utilizadas para el transporte de pasajeros.
La situación ha generado preocupación entre usuarios y conductores debido a los riesgos que implica la circulación de motociclistas sin la debida identificación o sin cumplir con los requisitos legales. También surgen interrogantes sobre las responsabilidades civiles y penales en caso de accidentes de tránsito que involucren a conductores sin documentación o sin registros adecuados.
Especialistas en movilidad y transporte consideran que los ayuntamientos deben asumir un rol más activo en la organización y supervisión de las paradas de motoconchos, debido a que la gestión del tránsito y la seguridad en los espacios públicos forman parte de sus atribuciones.
Asimismo, entienden que los gremios de motoconchistas tienen la responsabilidad de garantizar el orden en las paradas durante las 24 horas, evitando que personas no autorizadas ejerzan la actividad sin controles ni consecuencias.
Por su parte, Hernán Paredes, presidente del Sistema Inteligente de Transporte Dominicano (ITS-Dominicano) y exdirector del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), sostuvo que hasta el momento no existe la voluntad política necesaria para abordar de manera integral los problemas que afectan al sector, del cual dependen más de 250 mil familias dominicanas.
Paredes advirtió que cualquier intento de implementar medidas más estrictas podría enfrentar importantes desafíos políticos y electorales, debido al impacto social y económico que tiene la actividad del motoconcho en todo el territorio nacional.
