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SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, sometió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley dirigido a crear un nuevo órgano autónomo y descentralizado del Estado con la finalidad de fortalecer su independencia y actuar con el alcance y la capacidad institucional para cumplir la misión de promover la transparencia pública, prevenir la corrupción y garantizar un mayor acceso a la información pública.
La propuesta legislativa procura instituir, con el rango de ley orgánica, la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), entidad que de acuerdo con el Presidente Abinader, representaría un paso decisivo hacia una administración pública moderna, íntegra y centrada en la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La directora general de Etica de Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, confirmó que el ante proyecto de ley fue entregado este martes al presidente del Senado de la República, Ricardo de Los Santos, por una comisión encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La también asesora del Poder Ejecutivo resaltó que el anteproyecto ha sido resultado de un amplio proceso de consultas con instituciones, expertos y sectores interesados en fortalecer los procesos de transparencia y las prácticas de buen gobierno en la República Dominicana, contando, además, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el mensaje que acompaña el ante proyecto, el presidente Abinader indica que la propuesta persigue crear las competencias legales “para incluir la protección de datos personales, la salvaguarda de informantes, testigos y víctimas de actos de corrupción, así como la coordinación transversal de las políticas de ética y buen gobierno en toda la Administración Pública y demás poderes del Estado”.
Igualmente, según el mandatario, se busca establecer mecanismos rigurosos de control, “como la obligatoriedad de declarar conflictos de intereses; habilitar un régimen de denuncias e investigaciones que facultaría a la institución a actuar de oficio ante rumores públicos o falta ética; y un régimen sancionador administrativo con medidas drásticas que van desde multas hasta la inhabilitación temporal para el ejercicio de funciones públicas”.
La ley aplicaría a todos los servidores públicos, los entes y órganos que conforman la Administración Pública centralizada, órganos desconcentrados y organismos autónomos y descentralizados, las empresas públicas no financieras y financieras y a todas las personas físicas y jurídicas que realicen actividades, operaciones y transacciones con la Administración Pública.
Igualmente aplicaría a los poderes del Estado, órganos constitucionales y gobiernos locales, siempre que resulten compatibles con las funciones que la Constitución les otorga, considerando sus políticas como orientadoras de sus respectivas normas sectoriales, garantizando, en consecuencia, el principio de independencia y separación de los poderes, en cuya virtud son compromisarios de su cumplimiento y de velar por su correcta aplicación en articulación con la DIGITEG.
Mediante la ley propuesta se crea “el Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, bajo la rectoría de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), el cual comprende el conjunto de valores, principios, normas, políticas, estrategias, instrumentos y mecanismos para fomentar y promover la integridad, la transparencia, el gobierno abierto, los datos abiertos y la ética de los servidores públicos en la Administración”.
También dispone “prevenir y combatir la corrupción, gestionar los conflictos de intereses, garantizar el libre acceso a la información pública, la rendición de cuentas, el cumplimiento normativo, la protección de los datos personales y la protección a los informantes, testigos y víctima
