Por JUAN LÓPEZ
Mejorar la calidad de la educación preuniversitaria —desde el nivel inicial hasta la secundaria— constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta la República Dominicana (RD). A pesar del significativo incremento de la inversión pública en este sector durante la última década, diversos indicadores nacionales e internacionales continúan evidenciando importantes deficiencias en los aprendizajes alcanzados por los estudiantes egresados del sistema educativo, tanto público como privado.
Como resultado de las demandas de amplios sectores de la sociedad y, en particular, de la comunidad educativa nacional, desde el año 2013 el Estado dominicano destina el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto del Ministerio de Educación (MINERD), con el propósito de fortalecer la infraestructura escolar, mejorar las condiciones laborales del magisterio y elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, los resultados obtenidos hasta el momento demuestran que el aumento de la inversión, aunque indispensable, no ha sido suficiente para producir la transformación educativa que el país necesita.
En este contexto, resulta oportuno reflexionar sobre las informaciones dadas a conocer, recientemente, por Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), el Foro Socioeducativo, la Federación de Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela (APMAE) y Fe y Alegría:
Estas organizaciones informaron que «durante el año escolar 2025-2026 se registraron 1,384 horas de clases perdidas, con un impacto económico estimado en RD$4,471 millones, producto de 55 convocatorias de suspensión que afectaron 61 días lectivos en 7,921 centros educativos públicos y semioficiales.”
A esta preocupante realidad se suma el más reciente informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA 2024), cuyos resultados sitúan, nuevamente,a «la RD entre los países con menor desempeño de los 81 sistemas educativos evaluados. Los estudiantes dominicanos continúan ubicándose por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en matemáticas, comprensión lectora y ciencias.”
Ante el informe sobre las pérdidas de horas de docencia y su impacto económico, el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) respondió rechazando las conclusiones de EDUCA, argumentando que “el estudio presenta inconsistencias metodológicas, descontextualiza los datos y atribuye exclusivamente al magisterio responsabilidades que, a su juicio, obedecen a deficiencias estructurales del sistema educativo.”
Esta discusión no es nueva. El 30 de julio de 2023 publicamos una reflexión titulada «Acuerdo MINERD-ADP: ¿Terminarán las huelgas?», en la que señalamos que “el acuerdo suscrito, el 24 de julio de ese año, entre ambas instituciones representaba una oportunidad para garantizar el cumplimiento del calendario y del horario escolar en todos los centros educativos públicos del país.”
En aquella ocasión planteamos una interrogante que continúa vigente: “¿sería ese acuerdo capaz de poner fin a las recurrentes huelgas nacionales y sectoriales que, año tras año, afectan el desarrollo normal de la docencia?”
Reconocemos entonces, como ahora, que la baja calidad de la educación dominicana responde a múltiples factores. Sin embargo, también sostenemos que las interrupciones constantes de la docencia provocadas por los paros laborales constituyen uno de los elementos que más inciden en la pérdida de horas efectivas de enseñanza y, por consiguiente, en el deterioro de los aprendizajes de miles de estudiantes, especialmente de aquellos pertenecientes a las familias de menores ingresos.
A pesar de las preocupaciones derivadas del elevado costo económico de las horas de clases perdidas, de los deficientes resultados obtenidos por el país en las evaluaciones internacionales y de las diferencias existentes entre diversos actores del sistema educativo, existen razones para mantener una actitud de prudente optimismo.
En primer lugar, valoramos positivamente la creación, mediante el Decreto Núm. 309-26, de la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, cuya misión es impulsar un proceso integral de reforma orientado a elevar la calidad de la educación nacional.
En segundo lugar, resulta igualmente esperanzadora la iniciativa asumida por la ADP, conjuntamente con la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD), la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED) y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD, de promover una consulta nacional para debatir y construir propuestas dirigidas a una reforma educativa democrática, científica y participativa.
Sería altamente beneficioso para el país que ambos esfuerzos converjan en una misma dirección: identificar, con objetividad y sin prejuicios ideológicos o intereses sectoriales, las verdaderas causas que limitan la calidad de la educación dominicana y proponer soluciones viables y sostenibles.
Como se sabe, la educación constituye el principal instrumento para el desarrollo económico, la movilidad social y el fortalecimiento de la democracia. Por ello, cualquier proceso de transformación educativa debe colocar en el centro el interés superior de los estudiantes y el compromiso con la excelencia académica.
Si todos los actores del sistema educativo —Gobierno, docentes, familias, universidades, organizaciones sociales y sector empresarial— actúan con responsabilidad, espíritu de concertación y visión de futuro, la RD estará en mejores condiciones para construir una educación de mayor calidad y, con ella, un mejor país para las presentes y futuras generaciones.
