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Tribunal revisará este lunes prisión preventiva contra fiscal acusado de soborno
La situación judicial que enfrenta el fiscal Aurelio Valdez Alcántara volverá este lunes a los tribunales, cuando sea conocida una solicitud de revisión de la medida de coerción que lo mantiene privado de libertad por presuntos actos de corrupción vinculados al cobro de sobornos.
La audiencia fue pautada para las 2:00 de la tarde por la magistrada Nancy Joaquín, quien tendrá a su cargo evaluar el recurso presentado por la defensa del representante del Ministerio Público, encabezada por el abogado Valentín Medrano.
Valdez Alcántara cumple actualmente tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, medida que le fue impuesta en mayo pasado por la jueza Isis Muñoz, tras acoger la solicitud formulada por el Ministerio Público durante el proceso de conocimiento de coerción.
La decisión fue emitida por el Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, luego de que el tribunal rechazara varios incidentes promovidos por la defensa y considerara suficientes los elementos presentados por los investigadores para sustentar la medida cautelar.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el fiscal enfrenta cargos por presuntas violaciones a disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las investigaciones sostienen que el imputado habría solicitado inicialmente 200 mil dólares a Pedro Canaán, identificado como testigo en el denominado caso Senasa. Según la acusación, tras conversaciones posteriores, la suma exigida habría sido reducida a 150 mil dólares.
El Ministerio Público también asegura que Valdez Alcántara manifestó interés en recibir bienes de alto valor como parte de la supuesta negociación irregular, entre ellos un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes-Benz, específicamente de las series 350 o 450.
La revisión de la medida de coerción se produce mientras avanzan las investigaciones del caso, considerado por las autoridades como uno de los procesos de presunta corrupción que involucran a un miembro del propio sistema de justicia.
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