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ONEC alerta que reforma a la Ley de Residuos Sólidos genera inseguridad jurídica para las empresas
SANTO DOMINGO. La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) expresó su preocupación por la nueva modificación al proyecto de reforma de la Ley Núm. 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que los cambios frecuentes generan incertidumbre jurídica y dificultan la planificación de las empresas.
La entidad señaló que el régimen de contribuciones contemplado en el artículo 36 volvió a ser modificado por el Congreso Nacional apenas meses después de la promulgación de la Ley 98-25, manteniendo un escenario de incertidumbre para los contribuyentes.
Según la organización, más allá de las variaciones introducidas en la escala de contribuciones, preocupa el precedente de modificar reiteradamente una legislación de alto impacto económico mediante procedimientos de urgencia y con limitados espacios para el análisis técnico y la participación de los sectores involucrados.
«El comercio necesita reglas claras, estables y previsibles. La planificación financiera, las inversiones y el cumplimiento regulatorio no pueden depender de cambios sucesivos aprobados en cuestión de días», expresó la ONEC.
La organización recordó que la reforma fue aprobada por el Senado pocos días antes del vencimiento del primer pago semestral de la contribución especial, fijado para el 30 de junio.
Posteriormente, la Cámara de Diputados introdujo nuevas modificaciones, entre ellas cambios en las escalas de aportes, un régimen transitorio correspondiente al año fiscal 2025 y una extensión excepcional de los plazos de pago para las empresas que aún no habían realizado la contribución.
La ONEC reiteró que respalda las iniciativas destinadas a fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y reconoció la importancia de contar con mecanismos de financiamiento para enfrentar los desafíos ambientales del país.
No obstante, insistió en que las reformas legislativas de este tipo deben sustentarse en estudios técnicos, procesos amplios de consulta y reglas estables que garanticen seguridad jurídica tanto para el Estado como para el sector productivo.
Asimismo, respaldó el llamado realizado por diversos gremios empresariales para que este tipo de reformas sean discutidas mediante procesos transparentes, participativos y suficientemente deliberados, procurando un equilibrio entre los objetivos ambientales de la legislación y la estabilidad que requiere la actividad económica formal.
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