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Poder Ejecutivo plantea cambios a 18 artículos del nuevo Código Penal antes de su entrada en vigencia
El Poder Ejecutivo remitió este viernes al Senado de la República un proyecto de modificación que contempla ajustes en 18 disposiciones del nuevo Código Penal dominicano, establecido mediante la Ley Orgánica 74-25, cuya aplicación está programada para agosto de 2026.
La propuesta fue entregada al presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos Polanco, y quedó registrada bajo el expediente número 01705-2026-PLO-SE. Posteriormente, el documento fue enviado a la comisión bicameral creada para analizar las iniciativas de reforma a la normativa penal.
El proyecto plantea cambios en los artículos 121, 122, 123, 141, 142, 144, 170, 176, 192, 207, 208, 211, 214, 215, 248, 303, 310 y 354, abarcando temas relacionados con distintos tipos de infracciones contempladas en la legislación.
Entre las modificaciones que han generado mayor debate figuran las vinculadas a los artículos 208 y 211, referentes a la difamación y los límites de ciertas expresiones públicas. La normativa vigente establece sanciones de dos a cinco años de prisión para quienes atribuyan hechos que puedan afectar la reputación, honor o imagen de una persona, incluso mediante plataformas digitales y redes electrónicas.
Otro punto bajo observación es el artículo 310, relacionado con el ultraje a funcionarios públicos, que establece penas de cárcel y multas por expresiones, imágenes, escritos o gestos considerados ofensivos contra la dignidad de servidores estatales. Sectores jurídicos y sociales han advertido que esta disposición podría entrar en tensión con el derecho a la libertad de expresión.
La iniciativa también propone modificaciones en materia sanitaria, específicamente al artículo 354, que sanciona la emisión de certificados médicos falsos sobre condiciones de salud, lesiones, enfermedades o causas de fallecimiento. La legislación actual contempla prisión de uno a dos años para los profesionales de la medicina que incurran deliberadamente en esta práctica, con penas mayores en casos que involucren médicos forenses o empleados públicos.
Además de los temas relacionados con expresión y ejercicio médico, la reforma incluye disposiciones sobre acoso escolar y digital, delitos sexuales, exhibicionismo, acoso, autosecuestro, abandono de menores, quiebras fraudulentas, manejo irregular de fondos públicos y otras conductas tipificadas.
La propuesta deberá ser evaluada por la comisión bicameral antes de continuar su proceso legislativo y ser sometida a votación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El análisis ocurre luego de las críticas y manifestaciones surgidas tras la aprobación del nuevo Código Penal.
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