A escasas jornadas de la actual legislatura, el Congreso Nacional se transformó ayer en el epicentro de una jornada intensa de consultas y aportes sobre la reforma del Código Penal, tras haber expirado el plazo establecido por la comisión bicameral para recibir observaciones de la ciudadanía.
Desde la madrugada, decenas de organizaciones, gremios profesionales, juristas, representantes políticos y entidades de la sociedad civil concurrían durante toda la mañana para entregar sus propuestas, abordando distintas aristas de la iniciativa, entre ellas temas que históricamente han dividido a la cámara, como la incorporación de las tres causales para la interrupción del embarazo.
Aunque el tiempo disponible antes del cierre de la legislatura es limitado, las autoridades del Congreso aseguran que aún hay espacio para estudiar y consensuar enmiendas al proyecto. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó que el calendario puede ajustarse si fuera preciso, pero consideró factible avanzar en los cambios requeridos antes del 16 de agosto y seguir con ajustes posteriores que resulten necesarios.
En la misma línea, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sostuvo que el Congreso cuenta con el tiempo suficiente para analizar las observaciones recibidas, y anunció que los legisladores trabajarán en sesiones permanentes con el objetivo de culminar el proceso y someter la propuesta a votación final.
El foco en el Código Penal ha desplazado la atención de otras iniciativas consideradas prioritarias, como la reforma del Código de Trabajo y la modificación de la Ley de Seguridad Social; ambas permanecerán en espera para ser retomadas en futuras jornadas legislativas. Pacheco resaltó, sin embargo, que durante este periodo se aprobaron más de medio centenar de iniciativas de gran impacto nacional.
Entre los documentos entregados a la comisión destaca uno firmado por más de setenta juristas, académicos, litigantes e investigadores especializados en derecho constitucional y penal, quienes apoyan la incorporación de las tres causales y proponen cambios a los artículos 110 y 111 de la Ley 74‑25, argumentando que la redacción actual presenta falencias constitucionales y técnicas.
La propuesta de los expertos establece que no habrá responsabilidad penal cuando la interrupción del embarazo se efectúe para preservar la vida o la salud de la mujer, adolescente o niña; cuando el feto presente una condición incompatible con la vida fuera del útero; o cuando la gestación sea consecuencia de violación sexual, agresión sexual o incesto.
El Colegio Dominicano de Abogados, por su parte, abogó por mantener la pena máxima de 30 años de prisión, sugiriendo que ésta podría elevarse a 40 años mediante la acumulación de condenas, y manifestó inquietud por disposiciones que, a su criterio, contemplan sanciones desproporcionadas para infracciones de menor gravedad.
El partido Opción Democrática solicitó eliminar la figura del ultraje del proyecto, argumentando que los delitos de difamación e injuria bastan para proteger el honor de los funcionarios públicos. Además, defendió que tanto partidos políticos como instituciones religiosas puedan ser sujetos de responsabilidad penal, e instó a los legisladores a realizar una revisión exhaustiva de cada disposición contenida en la normativa.
En medio de la polémica, el abogado penalista Carlos Balcácer calificó como estéril el debate sobre las causales del aborto, señalando que la discusión no ha avanzado de manera productiva.
