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Abinader deberá decidir sobre continuidad de autoridades monetarias y evaluación de jueces de la Suprema
El presidente Luis Abinader enfrentará en los próximos meses una serie de decisiones de alto impacto para la institucionalidad dominicana, relacionadas tanto con el sistema financiero como con el Poder Judicial.
Durante agosto, el mandatario deberá determinar si ratifica o designa nuevas autoridades para dos posiciones clave: la Gobernación del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), ocupada por Héctor Valdez Albizu, y la Superintendencia de Bancos, encabezada por Alejandro Fernández W.
A estas decisiones se suma la renovación de los seis miembros designados de la Junta Monetaria, cuyos períodos de dos años concluyen en noviembre. Este organismo constituye la máxima autoridad del sistema monetario y financiero nacional y sus integrantes pueden ser confirmados nuevamente en sus cargos.
Los miembros designados actualmente son Julio César Llibre Salcedo, Arturo Martínez Moya, Eduardo de Jesús Tejera Curbelo, Sergia Elena Mejía de Peña, Ricardo Rojas León y José Manuel Mallén. También forman parte de la Junta Monetaria, en calidad de miembros exoficio, el gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el superintendente de Bancos.
Desde el inicio de la gestión de Abinader en 2020, la práctica ha sido mantener la continuidad de estas autoridades mediante sucesivas ratificaciones, aunque la decisión final depende de decretos emitidos por el Poder Ejecutivo.
Fernández W. fue designado superintendente de Bancos en 2020 y posteriormente confirmado en los años 2022 y 2024. Por su parte, Valdez Albizu acumula más de 28 años al frente del Banco Central, tras ejercer la posición entre 1994 y 2000 y regresar al cargo en 2004, siendo ratificado por las administraciones de Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader.
En el ámbito judicial, el presidente también tiene pendiente la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia cuyos períodos deben ser revisados este año.
Un total de 11 magistrados, incluido el presidente de la alta corte, Luis Henry Molina, debían ser evaluados desde abril de 2026, conforme a los plazos establecidos por la legislación vigente.
La responsabilidad de llevar a cabo ese proceso recae en el CNM, órgano encabezado por el presidente de la República y facultado constitucionalmente para designar y evaluar a los integrantes de la Suprema Corte.
Aunque el tema continúa pendiente, el presidente de la Cámara de Diputados y miembro del CNM, Alfredo Pacheco, atribuyó recientemente la demora a otras prioridades nacionales e internacionales que han requerido la atención del Gobierno, entre ellas fenómenos naturales y la situación de conflicto en Medio Oriente.
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