Una jueza federal ordenó la suspensión temporal de la normativa aprobada en Nueva York que prohibía a los agentes de ICE usar mascarillas y exigía que mostraran información de identificación, en el marco de una nueva pugna judicial entre el Estado y la administración del presidente Donald Trump sobre la política migratoria.
La medida provino de la jueza D’Agostino, del Distrito Norte de Nueva York, quien concedió una orden preliminar solicitada por el Gobierno federal mientras avanza el litigio acerca de la constitucionalidad de las disposiciones estatales.
El desencuentro comenzó cuando la autoridad neoyorquina aprobó reglas destinadas a reforzar la identificación y la transparencia de los funcionarios que participan en operativos migratorios, incluyendo la prohibición de cubrirse la cara y la exigencia de que ciertos empleados exhiban datos que permitan reconocerlos durante sus actividades.
El gobierno federal respondió presentando una demanda, argumentando que ningún Estado tiene la facultad de determinar la forma de vestir, identificarse o ejecutar sus funciones a los agentes encargados de aplicar la legislación federal de inmigración.
En su fallo provisional, la magistrada D’Agostino señaló que el Gobierno de EE. UU. tiene altas probabilidades de prevalecer en esa postura y advirtió que las normas sobre mascarillas e identificación regulan directamente a funcionarios federales, lo que podría entrar en conflicto con la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense.
El pronunciamiento implica que, mientras persista el proceso judicial, Nueva York no podrá imponer esas restricciones a los agentes de ICE; en la práctica, los oficiales podrán seguir usando coberturas faciales en determinadas operaciones sin estar sujetos a sanciones previstas por la legislación estatal.
El debate sobre el uso de mascarillas ha cobrado mayor relevancia al observarse una creciente presencia de agentes federales con el rostro cubierto durante operativos migratorios, y quienes defienden las restricciones sostienen que la identificación clara favorece la rendición de cuentas y evita que la población confunda a agentes legítimos con impostores.
