Santo Domingo, RD – 10 de agosto de 2026.
El Círculo de Periodistas Aeroportuarios (CIPA), acompañado de organizaciones defensoras de derechos civiles, lanzó una denuncia en la que describió un supuesto intento de imponer una “ley mordaza” a los medios y una posible persecución contra el experimentado periodista Tomás Ventura, supuestamente impulsada por el director de Medicamentos e Insumos del Servicio Nacional de Salud (SNS).
El colectivo periodístico advirtió que estos hechos representan una seria amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, sobre todo en el municipio de Boca Chica, zona donde Ventura realiza gran parte de su trabajo informativo.
Según la entidad, la presión ejercida contra el comunicador no se trata simplemente de un conflicto entre partes privadas, sino de un episodio que podría repercutir en el derecho del público a recibir información de interés general.
CIPA sostuvo que la persecución judicial y mediática contra Ventura parece intentar emplear instrumentos legales para coartar su labor investigativa, de denuncia y difusión de noticias.
Uno de los puntos que más cuestiona el gremio es la selectividad de las acciones legales. La controversia tendría su origen en una denuncia pública presentada por el empresario Luis Gustavo Decena García, quien habría alertado sobre una supuesta ocupación de terrenos del antiguo Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Sin embargo, el CIPA indica que Decena García, autor de la denuncia que motivó la cobertura de Ventura, no fue incluido en los procesos judiciales, lo que genera dudas sobre el verdadero objetivo de la ofensiva y su posible uso para presionar al periodista.
La organización describió esta situación como una actuación “selectiva”, señalando que la exclusión del denunciante y la concentración de las acciones contra el reportero deben ser observadas con especial atención.
Además, el CIPA expresó su inquietud por el hecho de que García Castillo, funcionario público, esté involucrado, advirtiendo sobre los riesgos de emplear una posición estatal para reprimir críticas periodísticas.
“Los servidores públicos están sujetos a la fiscalización social, por lo que judicializar el trabajo periodístico evidencia un afán autoritario por evadir explicaciones”, declaró el CIPA.
El organismo recordó que los funcionarios, por la naturaleza de sus cargos, deben estar bajo el escrutinio de los medios y la sociedad, y que usar la vía judicial contra periodistas puede crear un clima intimidatorio que trascienda al profesional directamente involucrado.
En opinión del CIPA, el mensaje que enviaría a la prensa local sería que investigar, cuestionar o publicar denuncias sobre funcionarios o personas vinculadas al poder puede acarrear represalias legales, generando un efecto de autocensura.
El gremio insistió en que el caso de Ventura debe analizarse más allá de sus particularidades, pues podría sentar precedentes que afecten la libertad de prensa en Boca Chica y otras comunidades.
La entidad subrayó que cualquier discrepancia surgida a raíz de una publicación debe resolverse mediante los cauces legales previstos, como el derecho a réplica, sin convertir esos recursos en instrumentos de intimidación contra los comunicadores.
En ese sentido, CIPA manifestó su solidaridad con Tomás Ventura, calificando las medidas contra él como una posible persecución política y profesional, y solicitó a las autoridades que vigilen el uso de recursos oficiales en controversias periodísticas.
La organización lanzó un llamado a los defensores de los derechos civiles, a las asociaciones de prensa y a la sociedad en general para que mantengan la atención sobre el proceso judicial en curso.
Según el CIPA, la libertad de expresión es un pilar esencial de la democracia y su defensa no debe depender de la posición política, económica o institucional de los implicados.
El gremio recordó que los periodistas tienen la obligación de informar sobre hechos de interés público, mientras que quienes se sientan agraviados disponen de mecanismos legales para responder, aclarar o rectificar la información.
En el caso de Ventura, CIPA reiteró que seguirá observando el desarrollo de las acciones judiciales y que no permitirá que el temor sea empleado como herramienta para limitar la práctica periodística.
La comunidad periodística de Boca Chica y otros sectores de la prensa permanecen en alerta, mientras el colectivo insiste en que cualquier controversia debe resolverse dentro del marco legal, respetando tanto el honor como la libertad de expresión y el derecho del público a estar informado.
Para CIPA, permitir que diferencias entre funcionarios y periodistas se transformen en mecanismos de presión contra la prensa constituiría un peligroso precedente y un retroceso para las garantías democráticas que amparan el ejercicio del periodismo en la República Dominicana.
