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La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, junto a la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, expresaron su preocupación por lo que describen como una inclinación de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a habilitar espacios dentro de áreas protegidas para proyectos e inversiones del sector privado.
En su evaluación señalaron tres ejemplos que, a su entender, ilustran este supuesto proceso: el Parque Nacional Valle Nuevo, el Monumento Natural Cabo Samaná y el Monumento Natural Isla Catalina.
También pusieron en duda que infraestructuras y servicios de uso público, financiados con recursos del Estado, hayan sido transferidos a una entidad gestora privada sin que, según sus declaraciones, se haya ofrecido la información pública necesaria sobre los términos y el procedimiento de la negociación.
Manifestaron su inquietud respecto al reciente plan de manejo del Monumento Natural Cabo Samaná, al considerar que dicho documento contempla la posibilidad de edificar construcciones e infraestructuras de carácter privado con fines comerciales dentro del núcleo de la zona protegida.
Las comisiones indicaron que la propuesta de zonificación de la zona de amortiguamiento contravendría la Resolución núm. 0010/2018 del Ministerio de Medio Ambiente, la cual define los usos permitidos en esa área y que, según ellos, sigue vigente.
En relación al Monumento Natural Isla Catalina, denunciaron que se ha anunciado una transformación orientada a actividades hoteleras y a la instalación de facilidades turísticas mediante inversión privada, y afirmaron desconocer los pormenores de esa intervención, a pesar de que el proyecto supuestamente se encuentra en una fase avanzada.
La Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD advirtieron que estas actuaciones podrían vulnerar disposiciones de la Constitución dominicana y de la Ley núm. 202-04 sobre Áreas Protegidas.
Recordaron que la normativa establece que las áreas protegidas y los ecosistemas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas son bienes patrimoniales de la nación.
Ante estos hechos, exigieron el cumplimiento estricto de la Constitución y de la legislación ambiental, así como la protección del patrimonio natural y cultural del país.
Por último, solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales una explicación pública y detallada de los procesos vinculados a Valle Nuevo, Cabo Samaná e Isla Catalina, que incluya los criterios, procedimientos y condiciones bajo los cuales se han promovido o autorizado las intervenciones señaladas, reiterando que las áreas protegidas son un patrimonio colectivo que debe ser gestionado para garantizar su conservación a las generaciones presentes y futuras.
