ENTRE2NEWS
La Habana (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó este viernes que Washington sigue una política de “máxima presión” sobre la isla, cuyo fin sería “reducir la capacidad” del gobierno cubano para “suministrar bienes y servicios esenciales”, con la intención de “provocar irritación en la población, un estallido social y un cambio del orden constitucional”.
En su publicación en redes sociales, el canciller señaló: “Identifican y atacan sin piedad las principales fuentes de ingreso externo de la economía cubana”, y puntualizó que las sanciones se concentran principalmente en el sector bancario‑financiero.
Rodríguez criticó la actuación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras dependencias del Tesoro estadounidense, que según él habrían impuesto “24 multas a entidades financieras, aseguradoras, de viajes, tecnológicas y de logística de terceros países por un monto total de más de 4.014 millones de dólares por supuestas violaciones del bloqueo a Cuba”.
El diplomático denunció que, dentro de esas medidas, se ordenó la prohibición a la entidad financiera Fincimex, perteneciente al conglomerado del Ejército conocido como Gaesa, y a la compañía multinacional American International Services (AIS) para que procesen remesas desde el 24 de septiembre de 2020.
Al enumerar las empresas cubanas sancionadas, indicó que el Banco Financiero Internacional quedó incluido a partir del 1 de enero de 2021, y que “se designaron sanciones para instituciones financieras que operan supuestamente bajo Gaesa, 23 de junio de 2026”.
Asimismo, subrayó la “reinclusión de Cuba en la espuria lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo en 2021 y 2025”.
La relación entre Cuba y Estados Unidos atraviesa su fase más tensa en décadas, enmarcada en una profunda crisis interna cubana y una política estadounidense de “máxima presión” iniciada a principios de 2026, la cual comenzó con un bloqueo al petróleo y sanciones desde mayo que ahuyentan a inversores extranjeros.
La economía de la isla se encuentra prácticamente paralizada por la crisis energética, tras registrar una contracción del 15 % entre 2020 y 2025; analistas independientes advierten que este año podría presentar una caída adicional de hasta el 6,5 %.
El endurecimiento de la presión estadounidense está generando un evidente costo social: los frecuentes apagones dificultan una vida cotidiana mínima, el transporte público ha desaparecido, los hospitales funcionan con recursos escasos, la industria está paralizada y, con los cortes de energía, bancos, oficinas estatales y telecomunicaciones apenas operan.
Los precios han experimentado aumentos generalizados, sobre todo en alimentos y medicamentos que se comercializan en mercados informales.
El descontento social se manifiesta cada vez con mayor frecuencia mediante protestas pacíficas, cacerolazos y quema de basura nocturna por grupos de decenas de personas que reclaman energía eléctrica, agua y gas; en varias ocasiones la policía ha intervenido para reprimir dichas manifestaciones. EFE
