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Desde Santo Domingo, Fuerza del Pueblo (FP) expresó su preocupación por la fase de actualización de la nueva cédula de identidad y electoral, y solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) emprender diversas medidas correctivas que garanticen la inclusión de todos los ciudadanos habilitados y el respeto de los tiempos establecidos en el Calendario Electoral para los comicios de 2028.
En su lista de sugerencias, resalta la necesidad de realizar una auditoría integral del proceso completo de renovación y entrega de la cédula, con especial atención a los puntos de atención con escasa concurrencia en todo el país y a la situación de la diáspora dominicana.
Manuel Crespo, delegado político de FP ante la autoridad electoral, entregó esas recomendaciones en un informe radicado ante la Secretaría General, reiterando el compromiso de la principal fuerza de oposición de contribuir a la transparencia y claridad del trámite, con el objetivo de fortalecer tanto el sistema de partidos como la democracia nacional.
De igual forma, propuso la adopción de acciones extraordinarias que eliminen los impedimentos que encuentran los dominicanos residentes fuera del país, sugiriendo una revisión del esquema de citas y la ampliación de horarios y capacidad de atención.
«Que se establezca un protocolo especial con fecha calendario para atender a los adultos mayores y demás ciudadanos que presenten dificultades relacionadas con su Registro Civil, garantizando una ruta institucional clara y con plazos definidos», señaló.
Instó también a que se revisen los desajustes entre la cédula y el acta de nacimiento, impulsando mecanismos de conciliación que eviten que las incongruencias registrales se conviertan en obstáculos excesivos para la obtención del documento.
«Que se revise la exigencia de evidencia para los cambios de reciento o colegio electoral cuando estos no impliquen modificación de la zona de residencia, ni de la identidad registral del ciudadano», puntualizó el delegado ante la JCE.
Adicionalmente, demandó que los partidos sean informados sobre la norma técnica y jurídica que se aplica a cada asignación de electores por colegio electoral, haciendo énfasis en el uso de un límite operativo de 550 electores frente al umbral legal de 600.
«Establecer un mecanismo permanente de diálogo y seguimiento con los partidos políticos sobre el avance del proceso de renovación de la cédula, especialmente en aquellos aspectos que puedan tener incidencia directa sobre la conformación del Registro Electoral y la organización de las elecciones del año 2028», explicó Crespo.
