ENTRE2NEWS
SANTIAGO – Raúl Martínez, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) que inicie una investigación para determinar responsabilidades por la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales que provocó la pérdida de un recurso judicial sobre terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.
La solicitud se produjo después de que, según fuentes periodísticas publicadas este miércoles, se revelara que el Estado tendría que desembolsar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 m² de terrenos, a causa de que la falta de gestión procesal por parte de los abogados de Bienes Nacionales llevó a la perención del recurso de casación que la entidad había interpuesto para impugnar la condena.
Martínez afirmó que, dada la magnitud del monto de recursos públicos en juego, el caso no puede reducirse a un simple error procesal; es necesario identificar quién tenía bajo su responsabilidad el expediente, cuáles eran los mecanismos de control y por qué se permitió que el plazo legal expirara sin las actuaciones necesarias para mantener vigente el recurso.
“Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, afirmó Martínez.
Según la información difundida, el Tribunal Superior Administrativo había fijado en RD$2,693,994,196.50 la suma a pagar a los sucesores de los antiguos propietarios de los predios. Bienes Nacionales objetó esa valoración, argumentando que el balance actualizado rondaba los RD$120.2 millones, pero la Suprema Corte de Justicia no pudo revisar esos argumentos debido a la perención del recurso de casación.
El dirigente señaló que esa disparidad refuerza la necesidad de una investigación administrativa independiente, ya que la inactividad procesal habría impedido al Estado discutir judicialmente una diferencia superior a RD$2,500 millones.
La sentencia TC/0771/26 del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Suprema Corte que declaró extinguido el recurso. Conforme al reporte de fuentes periodísticas, durante tres años no se llevó a cabo la actuación procesal requerida, pese a que la normativa disponía de mecanismos para evitar la perención.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo precisó que la DIGEIG debe determinar quiénes fueron los funcionarios, abogados y responsables administrativos encargados del seguimiento del caso en el periodo de inactividad, y si existieron fallas de supervisión, negligencia u otras conductas susceptibles de generar responsabilidad administrativa.
Asimismo, consideró imprescindible averiguar si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron informadas oportunamente sobre la situación del expediente y qué controles institucionales estaban vigentes para resguardar los intereses patrimoniales del Estado en un litigio de tal magnitud.
“Los recursos del Estado son recursos de los ciudadanos. No es admisible que miles de millones de pesos puedan perderse por una actuación procesal y que simplemente se pase la página sin determinar qué ocurrió y quién tenía la responsabilidad de impedirlo”, señaló Martínez.
El opositor sostuvo que la transparencia gubernamental no debe limitarse a declaraciones públicas o evaluaciones institucionales, sino que debe ponerse a prueba precisamente cuando se presentan hechos que podrían ocasionar un perjuicio económico significativo al patrimonio público.
Martínez instó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental a actuar de oficio ante la gravedad de los datos revelados y a presentar al país los resultados de la investigación correspondiente.
“Este caso requiere respuestas. El país tiene derecho a saber cómo un expediente en el que estaban comprometidos casi RD$2,700 millones pudo permanecer durante años sin la actuación procesal necesaria para defender los intereses del Estado”, concluyó.
