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Según fuentes verificadas, al iniciar el periodo lectivo 2026‑2027, Maxi Feliz, titular de la Secretaría de Neurodiversidad e Inclusión de la Fuerza del Pueblo, puso en tela de juicio la reacción del Gobierno frente a los obstáculos que siguen enfrentando los hogares dominicanos para hallar instituciones educativas capacitadas para atender a sus hijos neurodivergentes.
Feliz puntualizó que, aunque el Ejecutivo anuncia la apertura del nuevo año escolar, para muchas familias la inquietud trasciende la compra de uniformes, libros y útiles; su mayor duda radica en dónde podrán matricular a sus niños y si existirán centros capaces de responder a sus requerimientos. “No podemos hablar de un regreso a clases verdaderamente inclusivo mientras haya familias tocando puertas para conseguir un espacio educativo para sus hijos. Esa realidad también forma parte del sistema educativo dominicano y no puede quedar fuera del discurso oficial”, declaró. Además, subrayó la gravedad de la situación al observar que la implementación de la Ley 34‑23 sobre Trastorno del Espectro Autista sigue estancada, pese a que la norma impone obligaciones concretas al Estado y prevé recursos específicos. “¿Cómo puede el Gobierno hablar de inclusión mientras una ley promulgada desde 2023 continúa sin contar con una asignación presupuestaria específica claramente identificada para garantizar plenamente su implementación?”
Las voces consultadas añadieron: “Si existen recursos disponibles para educación, la prioridad debe ser garantizar que ningún niño quede fuera. Cada peso destinado a inclusión debe traducirse en aulas preparadas, profesionales capacitados y apoyos reales para nuestros niños, no simplemente en discursos sobre inclusión”. Asimismo, se resaltó el peso económico que recae sobre los hogares, obligados a costear terapias, evaluaciones, acompañamiento especializado, materiales adaptados y opciones educativas privadas que muchas familias no pueden asumir.
Feliz también enfatizó la postura de la oposición: “Desde la oposición seguiremos fiscalizando, proponiendo y exigiendo. Una ley sin presupuesto suficiente, una escuela sin los apoyos necesarios y una familia sin respuesta no representan inclusión. La verdadera inclusión se demuestra con inversión, ejecución y resultados”. La dirigente insistió en que la falta de financiación y de infraestructura adecuada vulnera la promesa de una educación inclusiva.
La población mantiene la mirada atenta sobre cómo se desarrollarán estos acontecimientos y espera respuestas concretas que garanticen una verdadera inclusión para los niños neurodivergentes.
