El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó una orden de arresto en contra de la comunicadora Claudina Pérez Ramírez, conocida como «La Tora«, acusada de difamar a la periodista Iluminada Muñoz.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero declaró la rebeldía de la imputada luego de que esta no se presentara al tribunal, donde estaba pautado el conocimiento del juicio preliminar y la medida de coerción en su contra.
Como parte de las medidas adoptadas, el tribunal dispuso también la colocación de un impedimento de salida del país contra Pérez Ramírez.
A la salida del tribunal, la abogada Emery Colomby Rodríguez, quien representa a la periodista Iluminada Muñoz, explicó que la decisión se produjo tras constatar que Pérez Ramírez fue debidamente notificada en su domicilio.
Sostiene que la imputada ha evadido de forma sistemática el accionar de la justicia desde que se inició el proceso, en abril de 2024.
Por su parte, la comunicadora Iluminada Muñoz aclaró que las acciones legales no responden a coyunturas recientes ni a las discusiones en torno al nuevo Código Penal, sino a un proceso de investigación de dos años mediante el cual busca resarcir el daño causado a su honor y reputación.
Según la acusación, los hechos denunciados no corresponden a un episodio aislado, sino a una campaña sistemática y reiterada de descrédito desarrollada durante un período superior a cinco años, a través de distintas plataformas y espacios de difusión pública.
El pasado 11 de junio la jueza suplente de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Octavia Carolina Fernández Curi, condenó a Claudina Pérez Ramírez a un año de prisión tras hallarla culpable de difamación e injuria a través de medios electrónicos, en perjuicio del diputado Sergio Moya, conocido como «Gory«.
Además de la pena privativa de libertad, la magistrada condenó a «La Tora» al pago de una indemnización de cinco millones de pesos por los daños morales ocasionados al legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como al pago de las costas penales del proceso.
