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Rafael Méndez, quien encabeza la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, es también periodista y exdiputado, y ha solicitado al Gobierno que incorpore a un matemático con el objetivo de armonizar los datos y los criterios empleados para evaluar el arranque de la educación preuniversitaria pública.
El dirigente subrayó que la crisis educativa en República Dominicana no se limita a la falta de aulas, docentes, mobiliario, agua potable o instalaciones adecuadas; también se manifiesta en la marcada disparidad entre los números publicados por el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y otros actores del sector.
Según explicó, el Ministerio de Educación afirma haber satisfecho el 100 % de la demanda docente, celebra la construcción y habilitación de nuevas aulas, la entrega de kits escolares y la incorporación de autobuses; sin embargo, la ADP sostiene que aún persisten miles de maestros y salones sin cubrir.
A esta diferencia se suman los reportes de centros con filtraciones, grietas, fallas estructurales, ausencia de agua potable y escasez de asientos, indicadores que pintan una realidad muy distinta a la que reflejan los indicadores oficiales.
Méndez señaló que esta aparente contradicción origina una “guerra de cifras” que cada año desconcierta a los padres y a la opinión pública respecto a la verdadera condición del sistema educativo nacional.
“Esa aritmética incompatible constituye un mal endémico que se repite y perturba la apertura de cada año escolar, por lo que recomiendo al Ministerio contratar urgentemente un matemático que determine quién suma, quién resta, quién multiplica las promesas y quién divide la realidad”, declaró.
Con una postura crítica, advirtió que, aun reclutando al mejor especialista, será complejo alinear los números mientras las instituciones y organizaciones continúen usando parámetros distintos para medir los mismos problemas.
“Parecería que ni el mejor matemático podrá cuadrar las cuentas mientras cada sector utilice una regla distinta y sean los estudiantes quienes terminen pagando la diferencia”, agregó.
El dirigente de la fundación insistió en que las divergencias estadísticas no deben convertirse en el eje del debate cada vez que se acerca el inicio de un nuevo ciclo escolar; lo esencial es comprobar si los alumnos cuentan con las condiciones necesarias para una educación de calidad.
En ese sentido, recordó la existencia de una tercera visión que debe ser tenida en cuenta: la de las familias, los estudiantes y las comunidades educativas que viven de primera mano las carencias de los centros.
Desde esa óptica, explicó, el éxito del arranque no debería medirse solo por la cantidad de planteles inaugurados, aulas construidas, autobuses añadidos, kits distribuidos o discursos oficiales.
Para él, el verdadero indicador radica en cuántos estudiantes logran un cupo, reciben todas sus horas de clase, cuentan con docentes en el aula y desarrollan sus actividades en entornos seguros, dignos y equipados.
Méndez planteó que el país requiere mecanismos de medición comunes y verificables que permitan conocer con exactitud la situación de cada centro antes del comienzo de la docencia.
Señaló que un sistema de información compartido entre el Ministerio, la ADP, las comunidades y expertos independientes ayudaría a reducir las discrepancias y ofrecer a la sociedad una radiografía más fiable de las condiciones al inicio del año escolar.
Advirtió que la brecha entre las cifras oficiales y las denuncias de los docentes no solo genera confusión, sino que desvía la atención de los problemas que verdaderamente afectan a los estudiantes.
“Al final, las estadísticas pueden decir una cosa, pero los estudiantes y los profesores viven otra realidad en las aulas”, sostuvo.
El líder educativo insistió en que el debate debe trascender la confrontación numérica y enfocarse en garantizar que cada niño y adolescente tenga acceso a un centro con docentes suficientes, mobiliario, agua y recursos necesarios para el proceso de enseñanza‑aprendizaje.
Para Méndez, la apertura de un nuevo ciclo escolar debe ser mucho más que un acto protocolario; debe confirmar que el sistema está preparado para recibir a los estudiantes y ofrecerles una jornada completa y de calidad.
En ese marco, reiteró su llamado a las autoridades para que establezcan una metodología única de medición de necesidades, de modo que gobierno, gremio magisterial y especialistas dialoguen sobre una misma realidad y trabajen con cifras comunes.
Aclaró que la propuesta no busca menoscabar los avances logrados por las autoridades ni desconocer las inquietudes del magisterio, sino procurar que las diferencias estadísticas no oculten las verdaderas demandas de las comunidades educativas.
Afirmó que, mientras se discute quién tiene la razón en los números, son los estudiantes los que esperan aulas en condiciones adecuadas, docentes disponibles y las herramientas indispensables para iniciar y desarrollar su proceso educativo.
Concluyó que la nación necesita menos discrepancias en los datos y más soluciones concretas para que el inicio de cada año escolar deje de estar marcado por la incertidumbre y se convierta en una verdadera muestra de que el sistema educativo está listo para cumplir su misión principal: educar.
