El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el anteproyecto de Ley General de Alianzas Público-Privadas, una iniciativa orientada a modernizar el marco legal que regula este modelo de colaboración entre el sector público y el sector privado, con el propósito de hacerlo más ágil, técnico, eficiente y alineado con las prioridades de desarrollo del país.
La iniciativa legislativa fue entregada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza acompañado del director general de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos.
Paliza resaltó que este instrumento recoge la experiencia de los últimos seis años desde la entrada en vigencia de la Ley 47-20 y busca contribuir a la meta de duplicar el tamaño de la economía nacional para 2036; así como agilizar las alianzas público-privadas sin comprometer la transparencia, la competitividad ni la eficiencia.
El funcionario indicó que hay procesos que actualmente pueden durar entre 24 y 76 meses y que con esta iniciativa se reducirían a entre 10 y 18 meses. Además, se incorpora la utilización de activos públicos mediante acuerdos de largo plazo con el sector privado para rehabilitar, renovar y modernizar infraestructuras del Estado.
“La iniciativa moderniza la Ley 47-20, reduciendo los plazos de procesos como la evaluación, licitación y adjudicación de proyectos de alianzas público-privadas. También crea un fondo especial para estudios técnicos y establece procedimientos especiales cuando exista un solo oferente”, destacó.
De su lado, el presidente del Senado Ricardo de los Santos, afirmó que el proyecto de modificación de la Ley de Alianzas Público-Privadas recibirá el curso legislativo correspondiente, como ocurre con todas las iniciativas que llegan al Congreso Nacional.
Señaló que la iniciativa será tomada en cuenta en la próxima sesión para ser enviada a comisión, donde será sometida a los estudios necesarios. “Nosotros le vamos a dar el tratamiento adecuado y expreso mi confianza en que el proceso pueda desarrollarse en un tiempo relativamente corto”, puntualizó.
En tanto que, Andrés Lugo Risk precisó que un eje relevante de la reforma es la optimización de activos públicos, que permite identificar bienes, infraestructuras, espacios o capacidades existentes del Estado con potencial para generar mayor valor social, económico e institucional mediante las alianzas público-privadas.
Esta incorporación resulta beneficiosa porque promueve un uso más eficiente del patrimonio público, especialmente de activos que puedan estar subutilizados, requerir modernización o tener capacidad para mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.
La propuesta también reconoce de manera expresa la capacidad de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP)
para estructurar proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP). Con esta atribución, la institución podrá acompañar desde etapas tempranas la formulación de iniciativas estratégicas, construir un portafolio más alineado con las prioridades nacionales y elevar la madurez técnica de los proyectos antes de su evaluación y licitación.
Otro agregado importante es la creación del Fondo Especializado para la Preparación de Proyectos, destinado a financiar estudios de preinversión, prefactibilidad, factibilidad y estructuración técnica, legal y financiera. Esta herramienta favorece que las iniciativas lleguen a etapas decisivas con mayor solidez, menor improvisación y mejores condiciones para atraer inversión responsable, además de contribuir a la sostenibilidad del sistema por su carácter reembolsable por parte del adjudicatario.
