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Se ha advertido que cualquier individuo que dañe el entorno natural será perseguido judicialmente, y el Código Penal prevé sanciones de entre 20 y 30 años de cárcel.
Santo Domingo, este miércoles el Ejecutivo aprobó el decreto 615-26, elevando a la máxima prioridad nacional la lucha contra el llamado terrorismo medioambiental, y estableciendo que los ataques intencionales a parques nacionales y a recursos naturales estratégicos serán objeto de una respuesta enérgica y una persecución penal incansable.
Durante la presentación, realizada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader describió como terrorismo medioambiental los actos que provocan la desaparición o el deterioro sistemático de los parques nacionales, y anunció la imposición de medidas más severas y persecuciones contundentes contra dominicanos y extranjeros que incurran en tales conductas.
Al evento asistieron el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester; y la subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas.
Abinader calificó este momento como un antes y un después en la defensa de los recursos naturales, señalando que durante décadas los parques nacionales han carecido de la atención y la garantía jurídica que corresponde al Estado. Señaló que al iniciar su administración descubrió, con sorpresa, que gran parte de esas áreas protegidas no contaban con títulos de propiedad a nombre del Estado, una situación que ya se está corrigiendo mediante un proceso nacional de titulación. Además, advirtió que incendios recientes, como el del Parque Nacional Bahoruco, fueron provocados por actividades ilícitas que no solo destruyen flora y fauna, sino que también ponen en riesgo el suministro de agua y la seguridad alimentaria del país.
Frente a la vulnerabilidad del marco legal anterior, que permitía la liberación temprana de infractores, el Gobierno decidió actuar con firmeza; bajo el nuevo Código Penal, los hechos que lesionen los parques nacionales serán castigados con penas de 20 a 30 años de prisión. El presidente subrayó que se han emitido instrucciones precisas a las Fuerzas Armadas, a la Dirección General de Migración y a los servicios de inteligencia, para que tanto los ejecutores materiales —en su mayoría de nacionalidad haitiana— como los organizadores o patrocinadores dominicanos que los contraten o envíen, reciban el mismo peso de la ley, sin excepción.
Los puntos esenciales del decreto 615-26 son los siguientes: Artículo 1 – Declaratoria de Alto Interés, que equipara la prevención, detección e investigación del terrorismo medioambiental a la normativa antiterrorista vigente; Artículo 2 – Activos Protegidos, que otorga especial resguardo a áreas protegidas, cuencas hidrográficas estratégicas, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos; Artículos 3 y 4 – Coordinación Institucional, que instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración a diseñar una política nacional contra incendios forestales provocados y amenazas a la infraestructura hídrica y energética; Artículo 5 – Persecución Penal, que ordena la remisión inmediata de cualquier agresión al patrimonio ambiental al Ministerio Público; Artículo 6 – Participación Ciudadana, que establece plataformas tecnológicas y canales de denuncia confidencial para proteger a los ciudadanos que colaboren de buena fe.
