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Altagracia Guzmán Marcelino, quien desempeñó el cargo de ministra de Salud Pública, informó que los índices de mortalidad materna y neonatal están deteriorándose en la República Dominicana, señalando como responsables la atención médica insuficiente, la ausencia de una vigilancia epidemiológica robusta, la falta de higiene hospitalaria y el elevado número de cesáreas.
Como integrante del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, la exfuncionaria describió la situación como “grave” y advirtió que numerosas gestantes y recién nacidos pierden la vida por causas que, a su juicio, podrían evitarse, declaraciones realizadas durante una entrevista televisiva.
Guzmán cuestionó la efectividad y el rigor de los sistemas de vigilancia epidemiológica actuales, a pesar de que la normativa exige la notificación de fallecimientos maternos e infantiles desde 1997. Señaló que entre los profesionales circula escepticismo respecto a los boletines oficiales, debido a dudas sobre la periodicidad y la claridad de los datos provenientes de los centros de salud.
Destacó el alarmante porcentaje de partos por cesárea en el país, indicando que en el sector privado esas intervenciones llegan a cerca del 90 % de los partos, mientras que en el sector público superan el 50 %. Explicó que esta práctica puede incrementar las complicaciones respiratorias de los recién nacidos frente al parto vaginal, relacionándolo con la escasez de insumos para inducir el trabajo de parto y la falta de sonógrafos fetales en muchos hospitales.
La exministra denunció deficiencias en los protocolos de higiene y desinfección en áreas críticas, como la manipulación de instrumental, aspiradores y demás equipos empleados en la atención neonatal. Según sus palabras, esas condiciones favorecen la proliferación de bacterias, lo que podría desencadenar brotes infecciosos mortales.
En cuanto a la atención prenatal, señaló que el primer nivel de salud presenta importantes debilidades: el seguimiento de las embarazadas es irregular, el control de la hipertensión arterial resulta insuficiente y faltan medidas efectivas para prevenir partos prematuros y nacimientos de bajo peso. Todo ello, según su criterio, limita la capacidad del sistema para identificar y atender a tiempo los riesgos durante el embarazo.
Asimismo, advirtió que las mujeres extranjeras a menudo temen ser deportadas y carecen de apoyo familiar, lo que las lleva a evitar los hospitales y a dar a luz sin asistencia médica adecuada, aumentando la probabilidad de desenlaces fatales.
Por último, la exministra exigió que la investigación y fiscalización de las muertes maternas y neonatales sea competencia directa del Ministerio de Salud Pública, y no únicamente de las instituciones que operan la red pública, para evitar conflictos de interés. Recalcó la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, con el fin de determinar las causas de los fallecimientos y corregir las deficiencias que afectan la calidad de la atención materna y neonatal en la nación.
