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La resolución judicial impide que se celebren los comicios que estaban previstos para el miércoles 9 de septiembre y establece una sanción de RD$5,000 por cada día que persista el incumplimiento.
Este martes, un juzgado del Distrito Nacional dictó la suspensión inmediata de la votación de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) luego de que la corriente Fuerza Agropecuaria interpusiera una acción de amparo contra decisiones de la Comisión Nacional Electoral.
El fallo fue emitido por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que actúa como tribunal de amparo, y se tomó cuando faltaban apenas unas horas para que se abrieran las urnas.
La orden judicial no solo detiene el escrutinio, sino que también obliga al CNE a emitir resoluciones individualizadas, separadas y debidamente fundamentadas para los aspirantes de Fuerza Agropecuaria, otorgándoles los mismos plazos de subsanación y requisitos adicionales que se dieron a los demás candidatos.
Además, el magistrado indicó que la Comisión Electoral debe abstenerse de cerrar la boleta de manera definitiva, de entregar los documentos vinculados a las otras corrientes y solo podrá volver a convocar las elecciones una vez que todas las postulaciones hayan sido resueltas de forma definitiva.
La jueza basó su decisión en la protección de derechos constitucionales como la igualdad, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a ser elegido y a elegir dentro de una organización gremial.
Para garantizar el acatamiento de la medida, se fijó una multa coercitiva de RD$5,000 por día de incumplimiento, la cual podrá ejecutarse sobre la minuta aunque se presenten recursos.
El abogado Juan Rivera, quien lideró la defensa de la parte vencedora y es dirigente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, afirmó: “Ninguna comisión electoral está por encima de la Constitución”.
Rivera explicó que la sentencia no suspende la democracia, sino que impide que una elección avance sin que todos los participantes compitan bajo las mismas reglas, subrayando que la legitimidad electoral depende de garantizar el derecho de todos a estar en la boleta.
El conflicto se originó el 19 de agosto, cuando José Vásquez, candidato presidencial de Fuerza Agropecuaria, denunció públicamente supuestas maniobras de la CNE que pretendían excluir a su corriente de la votación del 9 de septiembre al imponer requisitos no contemplados en los estatutos ni en el reglamento electoral.
En el centro del debate está la reelección de Víctor Hugo “Tito” Hernández, presidente de la ANPA, quien fue electo en septiembre de 2024 con 2,407 votos de los 2,472 sufragios registrados, apoyado por sectores gremiales vinculados al PRM y al PLD.
Vásquez sostuvo que la resolución judicial reivindica el derecho de los profesionales agropecuarios a competir y elegir libremente a sus autoridades, señalando que “el tribunal ha frenado actuaciones que denunciábamos como antidemocráticas dentro del gremio” y reiteró que “nadie puede pretender reelegirse eliminando previamente a quienes legítimamente aspiran a competir”.
El candidato agregó que la Fuerza Agropecuaria no busca impedir la celebración de la votación, sino asegurar que todos los sectores participen en igualdad de condiciones, afirmando que “la ANPA no tiene dueño; su presidente es un servidor temporal de la membresía. Queremos derrotar a Tito Hernández en las urnas, no en un escritorio”.
Con la orden judicial, las elecciones programadas para este miércoles quedan suspendidas y el CNE deberá primero revisar las postulaciones y cumplir con las garantías establecidas antes de volver a convocar a las urnas, convirtiendo una disputa interna en un conflicto constitucional con efectos inmediatos.
