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Un juzgado de La Altagracia impuso medidas coercitivas a cuatro personas relacionadas con la planificación, coordinación y ejecución de dos operativos de tráfico ilegal de migrantes con destino a Puerto Rico, los cuales culminaron con la detención de 128 individuos, tras acciones conjuntas y una investigación judicial coordinada entre diversas instituciones.
Los operativos fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre la Armada de la República Dominicana y el Servicio de Guardacostas de EE. UU. en Puerto Rico, complementado con labores de investigación y judicialización en coordinación con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, reforzando la respuesta del Estado contra las bandas criminales dedicadas a este delito.
En la primera intervención se interceptaron 77 personas, mientras que en la segunda captura se detuvieron 51 individuos que pretendían arribar de forma irregular al territorio puertorriqueño a bordo de lanchas típicamente usadas en estas travesías clandestinas.
Luego de analizar las pruebas, el tribunal envió a juicio a Vladimir Lajara Aguasvivas, señalado como cerebro del entramado, imponiéndole tres meses de prisión preventiva. Por su parte, Wiston José Muñoz Rosario, vinculado a la operación donde se detuvieron 77 migrantes, recibió medidas de garantía económica, comparecencia periódica y prohibición de salida del país durante seis meses.
El capitán de la embarcación involucrada en la captura de los 51 migrantes también fue sancionado con garantía económica, obligación de presentarse regularmente ante la autoridad y restricción para abandonar el territorio nacional por un plazo de seis meses.
Las pesquisas indican que los acusados forman parte de una estructura organizada dedicada a planear y ejecutar actos de tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico, empleando barcos clandestinos que ponen en grave riesgo la vida de quienes los utilizan.
De acuerdo con la normativa, los imputados podrían enfrentar penas que alcancen hasta 30 años de prisión, dadas las agravantes del caso, como el intento de trasladar fuera del país a personas con órdenes de captura y a decenas de haitianos sin documentación, conforme a la Ley 137‑03 contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
La Armada de la República Dominicana subrayó que estos resultados ponen de relieve la necesidad de una cooperación tanto nacional como internacional para combatir a las organizaciones criminales que lucran con viajes marítimos peligrosos.
En esa línea, la institución naval reafirmó su intención de seguir reforzando las labores de vigilancia, inteligencia y captura en el mar, trabajando de la mano con el Servicio de Guardacostas de EE. UU.
Asimismo, aseguró que continuará su estrecha colaboración con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas para localizar, procesar y poner a disposición de la justicia a los organizadores, capitanes y demás colaboradores de estas redes.
Por último, la Armada hizo un llamado a la población para que evite arriesgar su vida en travesías ilegales y se abstenga de apoyar, financiar o facilitar a quienes operan el tráfico de migrantes, práctica que ha causado innumerables tragedias y sufrimiento en familias dominicanas.
