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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este lunes que los Estados Unidos están entorpeciendo el comercio exterior de la isla mediante lo que calificó como “amenazas, presiones y chantajes”, generando graves consecuencias humanitarias para la población.
Rodríguez señaló que cerca de 7,000 contenedores permanecen retenidos en puertos de varios países, pese a que los productos fueron adquiridos y pagados con antelación bajo los parámetros del comercio internacional.
Según el funcionario, la mayor parte de esas cargas está compuesta por alimentos, fármacos, equipos médicos y otros insumos esenciales para sectores estratégicos de Cuba.
En sus redes sociales indicó que el único propósito de impedir su arribo a la isla es intensificar el castigo colectivo que el gobierno estadounidense impone al pueblo cubano.
Esa acusación se suma a la realizada en julio por el vicepresidente y responsable del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez‑Oliva Fraga, quien advirtió que las restricciones de EE.UU. mantienen retenidos en puertos caribeños cargamentos destinados a la alimentación, la salud, la energía y el suministro hídrico.
Las navieras también han sufrido el efecto de esas medidas; en mayo, la compañía alemana Hapag‑Lloyd y la francesa CMA CGM anunciaron la suspensión de nuevos pedidos vinculados a Cuba para acatar las sanciones estadounidenses.
No obstante, a principios de septiembre Pérez‑Oliva comunicó que CMA CGM había reanudado parcialmente sus operaciones hacia la isla, limitándose al transporte de alimentos, medicinas y material médico.
Rodríguez volvió a tocar el tema durante su intervención en la XVIII Cumbre de los BRICS, donde denunció el endurecimiento del bloqueo económico, el cerco energético y las sanciones secundarias de EE.UU., e incluso aludió a supuestas amenazas de una agresión militar contra Cuba.
El canciller agradeció a los miembros del bloque BRICS la adopción de una declaración que expresa preocupación por la situación cubana.
Según Rodríguez, dicho documento refleja la oposición del grupo a medidas coercitivas unilaterales que, a su entender, contravienen el Derecho Internacional.
Por su parte, Washington ha intensificado desde principios de 2026 su política de “máxima presión” sobre La Habana, con el objetivo declarado de impulsar cambios políticos y económicos en la isla.
Entre las acciones señaladas por La Habana se encuentran un bloqueo al suministro de petróleo, vigente desde enero, y nuevas sanciones secundarias anunciadas en mayo, que, según autoridades cubanas, complican aún más la relación de empresas extranjeras con Cuba.
La administración estadounidense presenta esas restricciones como instrumentos para presionar al gobierno cubano, mientras La Habana asegura que repercuten directamente en la población.
En síntesis, la retención de miles de contenedores y el endurecimiento de las sanciones siguen alimentando una crisis humanitaria que el gobierno cubano atribuye directamente a la política estadounidense.
