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SANTO DOMINGO. El magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, enfatizó la importancia de la justicia constitucional para afianzar la seguridad jurídica y generar confianza, al establecer mediante sus sentencias criterios que armonizan la libertad empresarial, la regulación estatal y la protección del interés general.
Durante la conferencia «La dimensión económica de la justicia constitucional», inserta en el marco del evento Mercado Top Lawyers 2026, el magistrado señaló que el Tribunal Constitucional ha desempeñado un papel fundamental al interpretar los principios que regulan el régimen económico nacional, ofreciendo respuestas concretas a los desafíos que emergen de la interacción entre la actividad empresarial y el ejercicio del poder público.
En esa línea, manifestó que la alta corte, a través de sus resoluciones, «ha definido el alcance de la libertad de empresa, la libre competencia, la igualdad entre los agentes económicos, la protección del medioambiente, los derechos de los consumidores y del contribuyente, y la seguridad jurídica».
El magistrado explicó que la Constitución consagra una economía social de mercado, la cual combina la libertad de iniciativa con la facultad del Estado de intervenir para salvaguardar el interés general y promover un desarrollo equilibrado.
Indicó que, aunque la actividad económica se desarrolla bajo un marco de libertades constitucionales, existen normas, límites y responsabilidades cuya aplicación debe ser razonable, previsible y jurídicamente sustentada.
«Ni la potestad regulatoria del Estado ni la libertad de empresa son absolutas. Corresponde al derecho fijar los límites que permitan armonizar ambas dimensiones, procurando que la intervención pública sea legítima y razonable y, al mismo tiempo, que la iniciativa privada opere bajo condiciones jurídicas claras», expresó durante el evento organizado por la publicación encargada.
Para ilustrar el impacto de la jurisprudencia constitucional en el ámbito económico, Estévez Lavandier citó diversas sentencias del Tribunal que han establecido criterios sobre la relación entre el Estado, las empresas y los distintos agentes económicos.
Mencionó la Sentencia TC/0411/18, en la que el máximo tribunal reafirmó el principio de igualdad de trato entre compañías públicas y privadas cuando compiten en el mismo mercado, evitando que la vinculación con el Estado genere ventajas indebidas.
También hizo referencia a la Sentencia TC/0137/20, la cual determinó que la libertad de empresa y la libre competencia son incompatibles con la creación de monopolios privados sin justificación.
Asimismo, citó la Sentencia TC/0496/25, mediante la cual el Tribunal abordó la estabilidad de los actos administrativos, la seguridad jurídica y la confianza legítima en relación con los requisitos legales vinculados al desarrollo de un proyecto aeroportuario.
El presidente del TC destacó que la aportación de la justicia constitucional a la seguridad jurídica trasciende el mero contenido de las decisiones; también es esencial la forma en que se redactan, motivan y proyectan para orientar el futuro.
«Una sentencia no cumple plenamente su función cuando entrega un resultado sin exponer el razonamiento que lo sustenta. Las decisiones judiciales no solo resuelven controversias concretas; también guían a otros tribunales, proporcionan criterios a los abogados y permiten que ciudadanos, empresas e instituciones comprendan cómo será interpretado y aplicado el derecho», manifestó.
Señaló que la confianza en el ordenamiento reduce la incertidumbre, favorece la planificación a largo plazo y crea las condiciones necesarias para que la iniciativa privada despliegue su potencial dentro de un marco institucional sólido y confiable.
Sobre este aspecto, el magistrado afirmó que, como Tribunal Constitucional, «estamos conscientes de que el precedente favorece la coherencia y permite que ciudadanos, empresas, abogados y autoridades orienten su conducta con una expectativa razonable sobre la aplicación del derecho».
Aclaró, no obstante, que ello no impide la evolución de la jurisprudencia, pues los conflictos cambian, la sociedad se transforma y emergen problemas que antes no existían.
«Ninguna sociedad permanece estática y ningún ordenamiento puede escaparse a las transformaciones impuestas por el tiempo, la tecnología o las nuevas realidades sociales. Lo que sí se exige es que todo cambio encuentre explicación, justificación y coherencia dentro del marco constitucional», expresó.
Concluyó diciendo: «Ese principio de confianza pública es la esencia profunda de la seguridad jurídica. De él se nutre la libertad; sobre ese fundamento se refuerza la confianza en las instituciones; y, a partir de esa certeza, se construyen las condiciones indispensables para el progreso, la estabilidad democrática y la paz social».
Al acto asistieron los magistrados José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Army Ferreira; la secretaria Grace Ventura, así como directores del TC, representantes de la sociedad civil y de la comunidad jurídica.
