Santo Domingo.- El Ministerio Público presentará ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, contra quien solicitará la imposición de medidas de coerción dentro del proceso relacionado con el entramado de corrupción administrativa investigado mediante la Operación Cobra 2.0-A.
De acuerdo con la acusación, el caso está relacionado con un esquema mediante el cual se habrían sustraído fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades, deberá comparecer ante el tribunal, donde el Ministerio Público expondrá los elementos que sustentan su solicitud y las imputaciones formuladas en su contra dentro de la investigación.
En ese sentido, le será solicitada la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y que se declare el proceso de tramitación compleja.
El pasado sábado el Ministerio Público procedió con el sometimiento a la justicia de 25 involucrados arrestados en la víspera en el transcurso de la Operación Cobra 2.0-A.
La solicitud de los fiscales de que se declare la complejidad del caso conforme lo establecido en la norma procesal vigente, ya que existe pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, por tratarse de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
Por el caso fueron sometidos a la justicia Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También, los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
El Ministerio Público también solicita prisión para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El año pasado, durante la primera etapa, el Ministerio Público arrestó como medida de coerción con la Operación Cobra, a Santiago Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, y cabecilla del entramado de corrupción.
También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco 14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez arresto domiciliario.
La Operación Cobra 2.0-A forma parte de las acciones desplegadas por las autoridades para investigar un presunto entramado de corrupción administrativa vinculado al manejo de recursos públicos a través de SeNaSa.
