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La presidenta del Colegio Médico Dominicano, Filial Santiago, la Dra. Penélope Gómez, ha manifestado la necesidad imperiosa de revisar el esquema de atención del parto en la República Dominicana, resaltando el elevado índice de cesáreas y la intervención de variables médicas, económicas, culturales y legales en la decisión del método de nacimiento.
Desde su doble condición de madre y profesional de la salud, la doctora subrayó que el debate sobre las cesáreas debe abordarse con tacto y objetividad, evitando señalar culpables entre médicos, pacientes o instituciones sanitarias.
Reconoce que la cesárea constituye una herramienta indispensable de la medicina actual, capaz de preservar la vida de la madre y del recién nacido cuando existen indicaciones clínicas, pero insiste en la urgencia de indagar por qué esta intervención se ha tornado tan frecuente en el sistema de salud dominicano.
Sobre la presión que enfrentan los gineco‑obstetras, la especialista explicó que muchos laboran bajo una carga asistencial enorme, sobre todo en hospitales cuyas salas de parto están saturadas. A ello se añade la medicina defensiva, alimentada por el temor a complicaciones y a posibles litigios, lo que convierte a la cesárea en una alternativa que reduce tiempos y se percibe como menos arriesgada en entornos complejos.
Gómez también señaló el componente cultural del fenómeno: varias familias consideran la cesárea una opción más segura, moderna o menos dolorosa, y algunas prefieren fijar la fecha del nacimiento. La ausencia de programas de educación prenatal adecuados, según ella, alimenta los temores al parto vaginal y limita la preparación de las futuras madres.
En cuanto al esquema de pagos, la profesional argumentó que el modelo vigente favorece la remuneración de procedimientos quirúrgicos que pueden concluir rápidamente, mientras que el parto vaginal requiere que el obstetra permanezca muchas horas acompañando a la paciente. Esta disparidad, según la doctora, debe revisarse para eliminar incentivos económicos que privilegien una vía de nacimiento sobre otra.
La doctora propuso que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales evalúe tres medidas: (i) establecer un honorario médico justo, digno e indexado para el parto vaginal, equiparable al de la cesárea; (ii) crear un incentivo económico que reconozca el tiempo y la dedicación del obstetra durante el trabajo de parto; y (iii) ofrecer estímulos a los centros de salud que consigan resultados maternos y neonatales seguros mediante una priorización adecuada del parto vaginal cuando sea clínicamente apropiado.
Como parte de su plan, Gómez abogó por revitalizar la formación y el empleo de enfermeras obstétricas o matronas. Estas profesionales no sustituirían al gineco‑obstetra, sino que reforzarían el trabajo en equipo en las maternidades, proporcionando acompañamiento continuo a mujeres embarazadas de bajo riesgo, humanizando la atención y aliviando la carga asistencial de los médicos.
En conclusión, la presidenta del CMD Santiago afirmó que la transformación de la atención del parto requiere la colaboración coordinada de profesionales de la salud, autoridades, centros asistenciales y familias. Una combinación de educación prenatal, condiciones laborales justas, participación de enfermeras especializadas y mecanismos de remuneración equilibrados podría mejorar la experiencia del nacimiento y la calidad de la atención materna. “Transformar la manera en que nacen nuestros niños no es una tarea de un solo sector”, subrayó, llamando a construir un modelo donde la seguridad médica, el acompañamiento humano y la dignidad de las madres sean pilares centrales.
