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La intersección entre el espectáculo y las redes criminales vuelve a colocar a la cantante urbana bajo la atenta mirada del público. Nuevas informaciones aportadas por un periodista de investigación revelan la grave situación de extorsión, hostigamiento y acoso digital que atraviesa la artista, quien ha pedido a la autoridad judicial que haga efectivo de inmediato un mandato de captura contra quien se presume lidera las amenazas contra ella.
De acuerdo con los datos presentados por Tolentino en su programa, el esquema delictivo combina la participación de un interno en un centro penitenciario y la intervención de un intermediario externo, descrito como una persona fuera de la cárcel. Se ha indicado que los mensajes con los códigos “kurú” y “1600” podrían servir para desviar la investigación del caso de Julián Oro Duro. El operativo incluyó el uso de una línea telefónica que enviaba a la cantante imágenes y videos de carácter explícito, acompañados de exigencias monetarias elevadas. Para formalizar la denuncia y demostrar el delito de extorsión ante el Ministerio Público, la intérprete realizó una transferencia bancaria a la cuenta de Darivel Montero Severino, quien, según se señala, habría sido utilizada por su exesposo José Joel Matos Lenin para recibir los fondos sin su autorización.
En un mensaje de voz cargado de emoción dirigido a las autoridades y a la ciudadanía, Yailin manifestó: «Tolentino, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Era para decirle que yo estoy totalmente desesperada, pidiéndole a la justicia que por favor ejecute esa orden de arrestos, porque tanto como yo, o sea, mis amistades, mi familia, mi hija, o sea, no estamos en paz hasta que ejecuten esa orden de arrestos. Y a ver qué se puede hacer. Porque yo no quiero que esto quede así tampoco. Porque yo soy una persona igual que todos». Con esas palabras, la cantante reiteró su súplica por una pronta respuesta judicial.
Tolentino destacó que el equipo de defensa ha corroborado la existencia de la orden de arresto emitida por el magistrado a cargo del proceso en la Fiscalía del Distrito Nacional, adscrita al Departamento de Propiedad Intelectual y Delitos Tecnológicos (DICAT). Sin embargo, dicha medida cautelar sigue archivada y no ha sido puesta en ejecución en el terreno.
Frente a este escenario, se hizo un llamado urgente a la Procuradora General de la República para que intervenga con sensibilidad ante la angustia de una madre que teme por la seguridad de su hija y su entorno familiar, e instó al imputado José Joel Matos Lenin a entregarse voluntariamente a la justicia.
