El abogado Miguel Surún reclamó este jueves que la investigación del caso SeNaSa 2.0-A no se limite a los médicos señalados en el expediente, sino que alcance a todos los actores que, según sus declaraciones, pudieron haber tenido participación en el manejo de los recursos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Surún, quien representa a uno de los imputados en el proceso, cuestionó durante la audiencia que la persecución penal se concentre en determinados profesionales de la salud mientras, a su juicio, quedan pendientes de esclarecer otros niveles de responsabilidad. En ese sentido, planteó interrogantes sobre la participación de clínicas, laboratorios y propietarios de farmacias.
El jurista sostuvo que algunos médicos han admitido haber prestado sus códigos, pero alegadamente estos fueron utilizados de manera irregular, por lo que consideró necesario establecer quiénes recibieron, administraron y se beneficiaron de los recursos. También cuestionó que otros actores vinculados al sistema no hayan sido incluidos en la investigación con el mismo alcance.
Surún pidió que el proceso permita determinar de manera integral cómo se movilizaron los fondos que, según las acusaciones del Ministerio Público, fueron sustraídos de SeNaSa. “¿Dónde están los dueños de las farmacias?”, cuestionó, al tiempo que reclamó que la investigación identifique a todos los responsables, independientemente del nivel en el que hayan intervenido.
El abogado insistió en que debe existir una investigación que abarque toda la cadena de posibles responsabilidades y no únicamente a quienes aparecen como imputados en esta etapa del proceso. Sus señalamientos forman parte de la estrategia de defensa y deberán ser contrastados con las pruebas y argumentos que presente el Ministerio Público durante el conocimiento de la medida de coerción.
La audiencia contra los imputados de la Operación SeNaSa 2.0-A continúa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde las defensas presentan sus argumentos frente a la solicitud del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de tramitación compleja.
