ENTRE2NEWS
Ruben Hernández, quien ejerce como jefe de redacción y editor del Congreso, hace la declaración correspondiente.
El magistrado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional emitió, en la noche del domingo, la resolución que estableció medidas coercitivas contra los veintiséis procesados del proceso conocido como Senasa 2.0‑A, en el cual el Ministerio Público los señala como presuntos participantes de un entramado irregular que afecta al Seguro Nacional de Salud.
Dicha decisión contempla diversas sanciones, que van desde la prisión preventiva hasta la imposición de garantías económicas, la obligación de comparecer periódicamente y la prohibición de salida del país.
Se ordenó prisión preventiva para varios de los acusados, entre los que se encuentran Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Wander Manuel Díaz Encarnación, Laura Altagracia Santana Evangelista, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Angeury Guzmán Vásquez.
Los procesados Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Por otro lado, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Laura Altagracia Santana Evangelista y Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez fueron asignadas a la unidad de reclusión femenina de Najayo Mujeres.
El tribunal también dispuso arresto domiciliario para nueve procesados que modificaron su postura inicial del Ministerio Público tras colaborar con la investigación. Entre ellos se encuentran Einstein Rafael Borromé Valdez, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Otro conjunto de acusados recibió sanciones menos gravosas, como garantías económicas, presentación periódica e impedimento de viajar al exterior, conforme a lo que corresponde a cada caso. Destacan entre ellos a Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
Un imputado adicional quedó con la obligación de presentarse periódicamente y una garantía económica equivalente a un millón de pesos dominicanos.
Tres de los veintiséis procesados no recibieron medida de prisión preventiva ni arresto domiciliario; a dos de ellos, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré, se les impuso presentación periódica y una fianza de RD$ 1,000,000.00.
La resolución completa debe analizarse caso por caso, ya que cada procesado recibió una disposición distinta conforme a lo determinado por el juzgador.
