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SANTO DOMINGO (República Dominicana).‑ Después de analizar la documentación aportada por el Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de prisión preventiva, arresto domiciliario y garantías económicas contra los miembros de la red de corrupción administrativa que se adjudicó recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) bajo la Operación Cobra 2.0‑A.
El procurador adjunto Wilson Camacho, quien lidera la Dirección General de Persecución, calificó la resolución como un reconocimiento al trabajo investigativo del Ministerio Público.
“Quiero subrayar tres aspectos de este proceso. Primero, debemos extraer lecciones de este caso y, a su vez, exhortar a los médicos a que no presten sus códigos”, declaró Camacho ante los comunicadores que le interpelaron tras la publicación del fallo.
Continuó: “El prestar los códigos puede arrastrarlos a una causa penal. Si los 22 médicos procesados no hubieran facilitado sus códigos, este proceso no habría surgido”, resaltando la responsabilidad que recae sobre los profesionales de la salud.
En segundo lugar, señaló que “todos los acusados, salvo dos, fueron privados de la libertad por la determinación que el tribunal emitió hoy”. Añadió que la medida representa “un reconocimiento del juez a la solidez de la investigación del Ministerio Público y, a nuestro entender, constituye una decisión razonable”, enfatizando la complejidad del caso.
Por último, advirtió que “la pesquisa sobre los hechos en el SeNaSa no concluye con esta resolución; continuaremos profundizando”.
La prisión preventiva fue ordenada contra Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra. Igualmente, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron condenadas a cumplir la medida en el CCR Najayo Mujeres, por un período de 18 meses.
El tribunal fijó la revisión obligatoria de estas medidas para el 22 de diciembre de 2026.
El arresto domiciliario se impuso a Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Se estableció una garantía económica de 2 millones de pesos, mediante una compañía aseguradora, acompañada de prohibición de salida del país y arresto domiciliario para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
A Martha María Saldaña Saldaña se le impuso una garantía de 3 millones de pesos, también a través de una aseguradora, con restricción de salida del territorio nacional y arresto domiciliario.
Para José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré se fijó una garantía de 1 millón de pesos, más prohibición de salida y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fue quien emitió las medidas coercitivas.
El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ejercerá la función de tribunal de control en este proceso.
El pasado viernes el magistrado Sena reservó su fallo para el domingo 27 de septiembre, citando a las partes a las 7:00 p.m.; la audiencia en la que se dio a conocer la decisión comenzó alrededor de las 9:00 p.m. y concluyó cerca de las 10:00 p.m.
En relación con el SeNaSa, el Ministerio Público, mediante la Operación Cobra, había detenido el año anterior a Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de la ARS, y a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados, la Fiscalía persigue sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al erario nacional.
Al grupo se le imputan delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Durante la investigación, el Ministerio Público reunió pruebas de sobornos a gran escala, manipulaciones de estados financieros y la creación de programas especiales sin respaldo jurídico, empleados para desviar recursos mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador describió el caso como un esquema de corrupción sistemática orquestado por el director ejecutivo del SeNaSa, en complicidad con funcionarios de la ARS y con la participación delictiva de prestadores de servicios de salud, en detrimento del Estado.
Como parte de las líneas de investigación, en junio se activó la Operación Onco14, que condujo al arresto de tres personas vinculadas al abuso del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse mediante fraudes que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes oncológicos y al SeNaSa.
Fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD‑Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien fue vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato mientras Lora ejercía la presidencia.
Lora Cruceta y su cónyuge Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
