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El mandatario nacional, en una ceremonia fechada el 29 de septiembre de 2026, sancionó una disposición que altera el Reglamento de Licencias de Conducir, con el objetivo de asegurar la completa ejecución de la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional y prevenir un vacío legal que pudiera generar incertidumbre jurídica a la población.
Dicha medida anula el Decreto número 330-26 y establece que la duración de las licencias y permisos de conducción será idéntica para todos los poseedores, concluyendo el día de su cumpleaños, conforme lo establece el artículo 208 de la Ley número 63-17, que regula la Movilidad, el Transporte Terrestre, el Tránsito y la Seguridad Vial.
Con esta acción, el Ejecutivo da cumplimiento a la orden del Tribunal Constitucional, que había declarado inconstitucional la distinción basada únicamente en la edad para acortar la vigencia de las licencias. Además, se añaden preceptos que garantizan la inexistencia de discriminación por edad en los procesos de renovación.
El nuevo decreto deja claro que la edad, por sí sola, no podrá ser utilizada como único argumento para reducir, limitar o negar la vigencia de una licencia o permiso de conducir.
La verificación de la aptitud para conducir se realizará mediante pruebas físicas, teóricas y prácticas, ejecutadas sin sesgo alguno, bajo las competencias que la Ley número 63-17 otorga al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
La normativa vuelve a señalar que la suspensión o revocación de una licencia solo procederá por las causas previstas en la legislación: incumplimiento de los requisitos exigidos o la constatación, mediante certificado médico, de una incapacidad permanente, ya sea física o mental, para conducir, siempre respetando el debido proceso administrativo.
Con esta determinación, el gobierno dominicano reitera su compromiso con el respeto al Estado social y democrático de derecho, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, particularmente de los adultos mayores, impulsando su participación activa en la comunidad sin exclusiones arbitrarias.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo manifiesta nuevamente su disposición a acatar y hacer cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, reforzando el Estado de derecho del país y garantizando que el marco normativo sirva a la dignidad humana.
