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SANTO DOMINGO, República Dominicana, 1 de octubre de 2026. — El abogado Oliver Moisés Batía Burgos, del Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos, señaló que tanto el titular del Ministerio de Hacienda y Economía como el responsable de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones podrían enfrentar procesos penales por presunto incumplimiento de sentencias que ordenan el reajuste de pensiones y el pago de diferenciales retroactivos.
Según Batía, el Estado acumula cada mes una deuda de por concepto de retroactivos a favor de sus cuatro representados, a la que se suma un sobre dicho retroactivo, según las resoluciones judiciales.
El jurista explicó que, una vez expirado el plazo fijado en los actos, las medidas legales contra los acusados se emprenderán por vías diferentes, de acuerdo a la naturaleza y competencia de cada caso; al ministro Magín Díaz le correspondería comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, mientras que al director de Jubilaciones y Pensiones le tocaría un proceso en el Palacio de Justicia.
Los documentos de alguacil que fueron presentados contienen cuatro “Mandamientos de pago y puesta en mora con apercibimiento de acción penal y patrimonial por inejecución de sentencia”, dirigidos tanto al ministro como a la Dirección General, y fueron emitidos para Manuel Emilio Pérez Suárez, Carlos Jeremías Santana Montás, Juan Bautista Moreno Castro y Leocadio Valentín Lebrón Jiménez.
«Se trata de cuatro adultos mayores que dedicaron más de 30, en algunos casos más de 35 años, al servicio del Estado. Tuvieron que acudir a las instancias judiciales más altas para que se reconocieran sus derechos y, aun después de obtener sentencias favorables, continúan sin recibir los retroactivos», subrayó el abogado.
Batía reiteró que, pasado el término señalado en los actos, las actuaciones judiciales seguirán por cauces distintos según la condición y competencia de cada parte; el ministro de Hacienda y Economía podría ser citado ante la Suprema Corte, mientras que el responsable de Jubilaciones y Pensiones enfrentará el proceso correspondiente en el Palacio de Justicia.
El jurista añadió que las decisiones ya fueron notificadas en diversas oportunidades a las instituciones involucradas y que, a pesar de las intimaciones, no se ha logrado el cumplimiento total. Los nuevos actos otorgan un plazo de para que se dé cumplimiento a las sentencias señaladas en cada expediente.
Entre las resoluciones citadas se encuentran la sentencia correspondiente a Santana Montás, cuyo recurso de casación fue rechazado mediante el expediente 0030-1643-2025-SSEN-00286; la sentencia vinculada a Moreno Castro, cuyo recurso de casación también fue rechazado; la sentencia 0030-1643-2023-SSEN-00912 del caso Lebrón Jiménez, con la nueva decisión de casación indicada; y la sentencia 0030-1643-2024-SSEN-00833 para Pérez Suárez. Todos los ajustes fueron ordenados por el Tribunal Superior Administrativo, y las actuaciones de la Suprema Corte aludidas en los nuevos actos hacen referencia a recursos de casación.
«Hemos emitido los cuatro actos de puesta en mora y mandamiento de pago para ejecutar las sentencias. Este es el paso previo a las acciones que emprenderemos por el incumplimiento de decisiones judiciales firmes», manifestó el abogado.
Las liquidaciones incorporadas a esos cuatro actos, calculadas al para Carlos Jeremías Santana Montás; al para Leocadio Valentín Lebrón Jiménez; al para Juan Bautista Moreno Castro; y al para Manuel Emilio Pérez Suárez, suman en conjunto la cantidad de .
Batía explicó que los cuatro actos constituyen puestas en mora y mandamientos de pago con el objetivo de procurar la ejecución de las decisiones judiciales, y advirtió que, si persiste el supuesto incumplimiento, se considerará interponer acciones con calidad de actor civil, invocando los artículos 286 y 339 del Código Penal dominicano. La posible responsabilidad de los funcionarios y la procedencia de cualquier sanción deberán ser determinadas por los tribunales competentes.
«Estamos ante sentencias que adquirieron autoridad de cosa juzgada. No estamos solicitando un favor administrativo; estamos exigiendo el cumplimiento de decisiones de los tribunales», sostuvo.
El representante legal añadió que las diferencias reclamadas se remontan a , y que, según sus cálculos, el monto adeudado sigue aumentando cada mes.
