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Santo Domingo – La Dirección General de Migración, a través de su área jurídica, y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentaron ante el Ministerio Público la captura en flagrancia de un inspector asignado al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), quien autorizó el embarque de dos dominicanos sujetos a restricción de salida del país.
Tras la solicitud de la DGM y la valoración del conjunto probatorio aportado por la Fiscalía, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó una medida cautelar que impone tres meses de prisión preventiva contra Esteban Nohassis Mogena González, quien será internado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Al imputado se le señalan violaciones a varios artículos del Código Penal dominicano y a la Ley General de Migración No. 285‑04, entre los que se incluyen la asociación de malhechores, la falsificación de documentos y la manipulación de registros oficiales.
Los hechos se dieron el jueves 24 en la zona de salidas del AILA; según la documentación, testimonios y material audiovisual entregados por la DGM a la Fiscalía, Mogena habría recibido miles de dólares a cambio de modificar los controles migratorios, permitiendo que al menos uno de los pasajeros abordara un vuelo con destino a Las Bahamas.
Las pruebas presentadas ante el tribunal describen que el inspector atendió a los dos viajeros en el mostrador de Migración, omitiendo el escaneo de huellas dactilares y sin registrar la salida en el sistema correspondiente.
La DGM explicó que llevaba varios meses ejecutando un operativo de inteligencia contra el funcionario, luego de detectar incongruencias en sus actuaciones.
Con la imposición de la prisión preventiva, la entidad dio inicio al proceso legal para suspender al inspector de sus funciones y proceder con su desvinculación definitiva, conforme a la normativa que regula el servicio público.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reiteró su compromiso con una política de cero tolerancia y aseguró que se emprenderán acciones judiciales contra cualquier inspector, agente o servidor público de la institución que incurra en actos de corrupción.
