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El magistrado Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, desestimó este jueves tanto la solicitud de libertad bajo fianza como la petición de arresto domiciliario de Cilia Flores, la esposa del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.
Hellerstein argumentó que la negativa al arresto domiciliario se basa en que considera a Flores un posible riesgo de fuga, dada su capacidad para movilizar recursos financieros importantes y sus contactos internacionales.
El juez señaló que lleva varios meses revisando el expediente, destacó la seriedad de los cargos y afirmó que el Gobierno posee «pruebas contundentes» contra la acusada.
Flores, de 69 años, compareció ante el tribunal vistiendo el uniforme carcelario azul de manga corta sobre una camiseta gris de manga larga, luciendo notablemente más delgada; su defensa indicó que ha perdido alrededor de 25 libras (más de 11 kilos) y dos dientes, y que su cabello estaba teñido de rubio, a diferencia de apariciones anteriores con raíces canas.
Al iniciar la audiencia, la acusada mostró una sonrisa, pero su expresión se tornó seria a medida que avanzaba la discusión.
Aunque sus abogados pidieron lo contrario, el magistrado observó que su estado de salud era mejor que el que presentaba tras su captura el 3 de enero en Caracas, cuando llegó al juzgado con vendajes por heridas sufridas en la incursión militar estadounidense.
El proceso se centró extensamente en la condición médica de Flores. La defensa reiteró que ella padece taquicardia ventricular y opresión torácica, y que las inyecciones para su prolapso de la válvula mitral han sido suspendidas.
Por esa razón, solicitaron que fuera trasladada fuera del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para someterse a un cateterismo cardíaco y recuperarse en un entorno distinto al de la unidad colectiva que alberga a unas 40 internas.
Hellerstein mostró escepticismo ante la negativa de la acusada a realizarse pruebas dentro del penal; recordó que él mismo se ha sometido a un cateterismo, describió el procedimiento como breve, de un solo día, que define los pasos médicos a seguir, y desestimó las quejas sobre el penal como «las condiciones de una detención».
En un punto de la audiencia, el magistrado convocó a la defensa y a la Fiscalía a una sala privada, alejada del estrado, para discutir los detalles de la residencia a la que sería trasladada Flores en caso de concedérsele el arresto domiciliario, manteniendo en secreto la ubicación exacta para evitar filtraciones.
El juez, de 92 años, mostró señales de fragilidad durante la sesión; apoyado en un bastón y con la voz entrecortada, se excusó diciendo: «Tengo problemas de voz, si se me entiende seguiré».
Al concluir la audiencia, el fiscal federal James M. McDonald ofreció una rueda de prensa fuera del juzgado, defendiendo la nueva acusación de conspiración para cometer tortura y advirtiendo que las prácticas del régimen venezolano causaron un daño «generacional».
Según la nueva acusación, el gobierno venezolano habría empleado descargas eléctricas, asfixia y agresiones físicas contra opositores y detenidos, incluidos al menos tres ciudadanos estadounidenses, sumándose a los cargos previos por narcoterrorismo y narcotráfico.
Mientras McDonald hablaba, un reducido grupo de manifestantes se reunió frente al tribunal y coreó «Cilia aguanta, el pueblo se levanta», exigiendo su liberación.
