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El Departamento de Estado de EE. UU. mantuvo a República Dominicana en la categoría Nivel 2 dentro de su informe de 2026 sobre trata de personas, indicando que pese a los «esfuerzos significativos» del país, aún no cumple con los criterios mínimos requeridos para erradicar este delito.
El periodo evaluado por la agencia corresponde esencialmente al año calendario 2025 y abarca las medidas legislativas y operativas aprobadas o puestas en marcha hasta enero de 2026.
Entre los progresos que resaltó Washington se encuentra la reforma de la Ley 137‑03, promulgada en julio de 2025, que incrementó las penas de prisión de 15‑20 a 20‑25 años, y a 25‑30 años cuando la víctima es menor o persona con discapacidad. Asimismo, se suprimió la prescripción del delito, se introdujo la figura de «comisión por omisión» para sancionar a funcionarios negligentes y se amplió la asistencia a las víctimas.
No obstante, el informe subraya falencias graves: la mayor parte de los recursos estatales se dirigió a la trata sexual urbana, mientras quedó rezagada la persecución del trabajo forzoso en áreas rurales y en sectores como la agricultura y la construcción. Además, el Gobierno reportó 94 investigaciones en 2025 (85 de trata sexual, ocho de trabajo forzoso y una de otra modalidad), cifra 135 casos menor que los 229 registrados en 2024.
El reporte cita: «Los esfuerzos para investigar casos de trata laboral e identificar a las víctimas de trata laboral siguieron siendo insuficientes, incluso en sectores con riesgos conocidos de trabajo forzoso. El Gobierno investigó menos casos de trata e identificó menos víctimas de trabajo forzoso».
En cuanto a la protección de víctimas, el documento indica que se identificó y derivó a 139 personas (138 de trata sexual y una de trabajo forzoso) a centros de asistencia, comparado con solo 37 en 2024. De esas, 114 eran mujeres adultas, 19 niñas, 5 niños y una mujer en situación de trabajo forzoso; 108 eran extranjeras (106 colombianas, una haitiana y una china), 30 dominicanas explotadas en territorio nacional y una dominicana rescatada en Nigeria. Los tribunales ordenaron a siete condenados pagar 21,770,000 pesos (349,039 dólares) en restitución a cuatro víctimas, aunque los pagos siguen bloqueados por apelaciones.
El informe también señala carencias como la inexistencia de refugios especializados para hombres víctimas, limitaciones de movilidad no supervisada para mujeres en albergues y la falta de garantías legales que eviten sancionar a víctimas extranjeras por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de su explotación.
Sobre la naturaleza del delito, se indica que la trata sexual afecta mayormente a mujeres colombianas, engañadas con falsas ofertas laborales y privadas de sus pasaportes bajo supuestas deudas. El turismo sexual infantil continúa atrayendo a agresores de Norteamérica y Europa. La explotación laboral recae sobre niños haitianos y menores en situación de calle, utilizados en mendicidad organizada, labores domésticas, agricultura, construcción, robos y tráfico de drogas.
En materia preventiva, se mantuvo el Plan de Acción Nacional 2025‑2028 y las líneas de denuncia, aunque los inspectores de trabajo siguieron enfocándose en el trabajo infantil por ser más visible, descuidando la detección sistemática del trabajo forzoso adulto. Asimismo, el reporte alerta la lenta expansión del programa piloto de contratos numerados para trabajadores migrantes, dejando a miles sin documentación y en vulnerabilidad extrema.
