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En el contexto de una reunión promovida por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), la jurista señaló deficiencias técnicas en los procesos de investigación de corrupción, la filtración de información y el riesgo de aplicar prisión preventiva sin criterios de proporcionalidad.
SANTO DOMINGO, R. D., 9 de octubre de 2026 – Emery Colomby Rodríguez puso en tela de juicio la calidad técnica de ciertas averiguaciones de corrupción realizadas por el Ministerio Público, insistiendo en que la persecución de estos delitos debe basarse en pruebas sólidas, total transparencia y respeto a las garantías constitucionales.
Durante su intervención en el I Seminario Nacional de la ADOCCO, llevado a cabo el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia de la capital, la abogada afirmó que la lucha contra la corrupción no autoriza vulnerar los derechos de los investigados, subrayando: «No se puede perseguir la corrupción a cualquier precio».
Rodríguez rememoró que, a lo largo de su carrera como defensora, ha participado en varios casos de corrupción cuyas indagaciones consideró técnicamente insuficientes, lo que, según explicó, impactó negativamente en los resultados judiciales.
Exigió al Ministerio Público que aclare con mayor nitidez sus prioridades investigativas, los criterios empleados para seleccionar los expedientes y los fundamentos que sustentan las medidas cautelares solicitadas, señalando: «La transparencia también obliga al órgano persecutor a ser transparente».
Asimismo, criticó las filtraciones de datos y los juicios mediáticos que, a su entender, pueden causar daños reputacionales antes de que exista una sentencia definitiva, defendiendo la presunción de inocencia y llamando a los jueces a ejercer un control estricto sobre la calidad de las pruebas, sin importar la notoriedad del caso.
La jurista también destacó falencias en las investigaciones patrimoniales y financieras, resaltando la ausencia de peritos independientes y de mecanismos adecuados para validar las pruebas recabadas.
Advirtió sobre los peligros de recurrir de forma desmedida a la prisión preventiva, insistiendo en que las medidas cautelares deben sustentarse en criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, y solicitó un mayor control de los acuerdos de colaboración eficaz y de los criterios de oportunidad, exigiendo que las declaraciones de colaboradores sean corroboradas mediante pruebas independientes.
Según Rodríguez, la ampliación de los delitos de corrupción contemplada en el nuevo Código Penal debe ir acompañada de un refuerzo de la capacidad técnica de los organismos encargados de investigar.
Concluyó haciendo un llamado a fortalecer la investigación financiera, a profesionalizar la comunicación institucional y a garantizar una rendición de cuentas efectiva del órgano persecutor.
Su participación formó parte del seminario de ADOCCO dedicado a analizar los retos que plantea el nuevo Código Penal en materia de transparencia, libertad de expresión y combate a la corrupción.
