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Punta Cana, República Dominicana – El presidente Luis Abinader comunicó que su gobierno está analizando la formulación de un marco regulatorio que oriente la dirección y la gestión estratégica de los proyectos estatales, con la finalidad de mejorar la planificación, reforzar los mecanismos de seguimiento y lograr una administración más eficaz y transparente de los recursos del Estado.
La propuesta busca establecer criterios uniformes para todas las entidades gubernamentales, de manera que la ejecución de obras, programas e iniciativas públicas se rija por procedimientos técnicos y sistemas de supervisión que perduren en el tiempo.
El anuncio se realizó el viernes 9 de octubre, al iniciar el XVI Congreso Internacional del Project Management Institute (PMI) capítulo República Dominicana, bajo la denominación Sinergia 360, celebrado en Punta Cana.
Abinader explicó que el Poder Ejecutivo está estudiando mecanismos para fortalecer las Oficinas de Dirección de Proyectos dentro de la administración pública, con el objetivo de crear capacidades técnicas permanentes y elevar la calidad del monitoreo de las iniciativas gubernamentales.
El propósito es que los organismos estatales cuenten con principios y estándares compartidos que guíen la planificación, ejecución y evaluación de sus proyectos, y dejó abierta la posibilidad de que, en el futuro, este proceso se traduzca en una propuesta de ley que consagre esas disposiciones de forma permanente y de alcance nacional. No obstante, la medida sigue en fase de estudio y aún no se ha presentado formalmente ante el Congreso.
La iniciativa aborda un tema crucial para la gestión del Estado: cómo garantizar que las inversiones públicas se basen en una planificación verificable y no dependan exclusivamente de decisiones aisladas de cada entidad. Un sistema de gestión con criterios comunes permitiría un seguimiento más ágil de cronogramas, presupuestos, responsabilidades y resultados, siempre que se incluyan instrumentos efectivos de evaluación y rendición de cuentas. Asimismo, facilitaría la documentación de avances, la detección de retrasos y la asignación de responsabilidades cuando los proyectos no alcancen sus metas, aunque el alcance de esos beneficios dependerá del contenido final de las normas y de los mecanismos de fiscalización que se adopten.
Durante su intervención, el presidente subrayó la responsabilidad de las instituciones en la correcta administración del dinero público proveniente del presupuesto nacional, señalando que la eficiencia del gasto es uno de los pilares de la propuesta, sobre todo en inversiones que requieren planificación, coordinación institucional y seguimiento a largo plazo. Asimismo, invitó a los especialistas del PMI a colaborar con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en la elaboración de herramientas técnicas y legales que fortalezcan la gestión de proyectos en el país.


