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El jurista propone la creación de una comisión permanente del Congreso, especializada en seguridad ciudadana y política criminal, con la misión de mantener actualizada la normativa y resolver los inconvenientes que surjan en su aplicación.
Santo Domingo, República Dominicana.
El abogado y docente Miguel Valerio Jiminian afirmó que el Código Penal recién aprobado constituye una herramienta valiosa contra la corrupción, pero advirtió que su efectividad dependerá de una interpretación jurídica adecuada y de una revisión constante de sus artículos.
Durante su participación en el panel «Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal», organizado dentro del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Valerio destacó los avances logrados con la reforma y señaló los puntos que requieren mayor precisión para garantizar su correcta ejecución.
El evento se celebró el 30 de septiembre pasado en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, con la presencia de juristas, representantes institucionales y profesionales vinculados al ámbito judicial.
Según Valerio, la nueva legislación ofrece instrumentos tanto para la persecución penal como para la defensa, al describir con mayor exactitud las conductas que constituyen delito.
No obstante, el jurista recordó que la reforma no se puede considerar concluida, pues los cambios sociales y los problemas surgidos durante su puesta en práctica demandarán ajustes futuros.
En ese sentido, propuso la instauración de una comisión del Congreso Nacional dedicada exclusivamente a la seguridad ciudadana y la política criminal, independiente de la Comisión de Justicia, para dar seguimiento a la legislación penal y promover las actualizaciones necesarias.
Uno de los ejes centrales de su exposición fue la responsabilidad penal por infracción de deber, especialmente en lo que respecta a las obligaciones especiales de los funcionarios públicos.
Explicó que, para determinar la responsabilidad en esas conductas, es esencial analizar no solo quién ejecutó la acción materialmente, sino también los deberes inherentes al cargo y la forma en que fueron vulnerados.
El jurista señaló que un reto importante consiste en identificar qué obligaciones establecidas en otras normas del ordenamiento jurídico pueden servir de sustento para esa responsabilidad, siempre bajo el principio de legalidad.
Asimismo, subrayó que el nuevo Código Penal clarifica de manera más nítida la participación de personas particulares en hechos de corrupción.
De acuerdo con sus palabras, un individuo que no sea funcionario público también puede ser sujeto de responsabilidad penal por su intervención, conforme a las disposiciones que regulan las distintas formas de participación.
Valerio cuestionó la forma en que ciertas infracciones están agrupadas dentro del Código, particularmente la combinación de delitos de corrupción, abusos de autoridad contra particulares y conductas que afectan la administración de justicia.
Consideró que los abusos cometidos por autoridades contra ciudadanos requieren un tratamiento que incorpore la dimensión de los derechos humanos.
También sostuvo que las infracciones relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial deberían organizarse de manera diferenciada.
Otro punto que analizó fue la coexistencia de normas penales del Código con la legislación sobre compras y contrataciones públicas, alertando sobre la necesidad de un examen cuidadoso para determinar cuál normativa resulta aplicable en cada caso y evitar conflictos interpretativos.
Respecto a la transversalidad de la corrupción, señaló que ciertas conductas pueden generar la concurrencia de varias infracciones, lo que plantea dudas sobre la acumulación de penas.
En su opinión, es esencial esclarecer estos aspectos para lograr una aplicación coherente del cuerpo legal.
El jurista reiteró su apoyo a los acuerdos judiciales como mecanismos que pueden fortalecer el funcionamiento del sistema penal.
Argumentó que una descripción más exacta de las conductas sancionables permite a los abogados defensores orientar de forma adecuada a sus clientes sobre los hechos que se les imputan y las alternativas procesales disponibles.
Al concluir su exposición, Valerio reconoció la labor de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción y de su presidente, Julio César de la Rosa Tiburcio, en la promoción del debate jurídico y la vigilancia ciudadana frente a la corrupción.
El I Seminario Nacional ADOCCO reunió a especialistas y representantes de diversos sectores para analizar el impacto del nuevo Código Penal en la transparencia, la libertad de expresión, la responsabilidad penal y la lucha contra la corrupción.
