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El comunicador Elvin Castillo reconoció que la expansión de los medios digitales ha multiplicado las vías de participación ciudadana, aunque también ha simplificado la difusión de noticias falsas y ataques a la honra de las personas.
Señaló que circulan contenidos motivados por intereses económicos que pueden dañar tanto a nivel personal como reputacional, por lo que es necesario establecer mecanismos de defensa.
No obstante, cuestionó que la respuesta a esas conductas se base principalmente en el ámbito penal y propuso que se atiendan mediante una normativa especializada.
Castillo advirtió que políticos, empresarios y otros grupos podrían emplear procesos penales como arma de intimidación contra los periodistas, sobre todo en entornos donde las instituciones son débiles.
Aseguró que la investigación periodística, sustentada en documentos, pruebas y contraste de fuentes, debe continuar su curso sin presiones indebidas.
Añadió que algunos sectores del periodismo perciben las leyes penales como una amenaza, lo que, según él, podría incitar a la autocensura.
El ponente pidió mayor claridad sobre la responsabilidad que corresponde a los medios por las acciones de sus empleados y de quienes alquilan espacios en sus plataformas.
En esa línea, solicitó delimitar con precisión las obligaciones de supervisión y los límites de responsabilidad según cada tipo de relación contractual.
Jennifer Sepúlveda defendió la necesidad de proteger el honor sin recurrir a la privación de libertad.
Sepúlveda sostuvo que el debate jurídico debe centrarse en identificar los instrumentos adecuados para salvaguardar la honra y la reputación, considerando los demás derechos fundamentales involucrados.
La ponente argumentó que los actos de difamación e injuria pueden resolverse a través de la vía civil, o al menos sin imponer penas de cárcel.
También consideró esencial distinguir esas conductas de otras infracciones, como el chantaje y la extorsión, que poseen características diferentes.
«Redujeron la sanción, pero mantuvieron la posibilidad de encarcelamiento», señaló al cuestionar la permanencia de la pena de prisión para delitos de expresión.
Sepúlveda explicó que el efecto disuasivo de las normas penales se manifiesta de diversas formas, desde preguntas que dejan de plantearse hasta investigaciones que se archivan por temor a repercusiones legales.
Asimismo, destacó el papel de los tribunales al interpretar la legislación y garantizar los derechos fundamentales.
«Una nación que encarcela por expresarse no gana en dignidad, solo se vuelve más silenciosa», concluyó.
Kelvin Herrera propuso debatir las garantías en el contexto penal.
Como moderador, Herrera resaltó los posibles efectos de someter a una persona a un proceso penal antes de que un juez determine la existencia de una infracción.
El moderador consideró indispensable analizar las garantías aplicables a los casos vinculados a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo.
Las intervenciones coincidieron en la necesidad de ampliar los espacios de capacitación y estudio respecto al nuevo Código Penal, especialmente en lo relativo a la protección del honor, el alcance de la responsabilidad penal y las garantías constitucionales.
El panel formó parte del I Seminario Nacional organizado por ADOCCO y sirvió para exponer distintas inquietudes sobre los retos legales que enfrenta la comunicación en la República Dominicana.
La mesa dejó clara la urgencia de equilibrar la defensa de la reputación personal con la libertad de expresión, sin obstaculizar la investigación periodística ni el derecho del público a recibir información de interés colectivo.
